Colau encara su último año de mandato rodeada de frentes judiciales

Las elecciones municipales de 2023 ya están en el horizonte, y Ada Colau afronta el último año de su mandato como alcaldesa de Barcelona con varios frentes judiciales abiertos por cuestiones como subvenciones públicas o supuestas presiones a empresas. Las políticas turísticas, urbanísticas, ecológicas, de vivienda y del agua del Ayuntamiento de Barcelona han dado pie a numerosas acciones judiciales por parte de sectores afectados que, en algunos casos, han logrado que la justicia les diera la razón, como en las zonas de bajas emisiones.

Por su parte, los partidarios de Colau ven en tantas querellas y contenciosos un «intento de las élites más decadentes de cortar el progreso y mantener los privilegios que les hacen más ricos», según defienden sus partidarios. Concretamente, el caso más reciente se conoció este lunes pasado, puesto que la Audiencia de Barcelona ha reabierto una causa contra Colau y los concejales Marc Serra y Lucía Martín, acusados por el fondo de inversión Vauras Investments de connivencia con los ‘okupas’ en un conflicto en un bloque de pisos de familias vulnerables.

Y es que el fondo asegura que el ayuntamiento de la capital catalana le ha multado por negarse a ofrecer un alquiler social a los ocupantes del bloque conocido como Bloc Llavors, que fue desalojado en mayo de 2021 por los Mossos d’Esquadra, y que le ha costado a la alcaldesa el ser investigada por delitos de coacciones y prevaricación. Específicamente, el juzgado considera que, de ser ciertos los hechos, podría ser delictiva «la conducta consistente en compeler ilegítimamente» al fondo inversor para forzarle a ceder inmuebles para alquiler social, utilizando para ello como «mecanismo intimidatorio» la amenaza de no concederle licencias de obras o no desbloquear las que ya tenía paralizadas.

De esta manera, la Audiencia revocó parcialmente la decisión del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, que archivó la causa, y acordó la admisión a trámite de la querella, aunque solo por los delitos de prevaricación y coacciones, pero no por los de tráfico de influencias, cohecho, usurpación de atribuciones y negociaciones prohibidas a funcionarios que también planteaba el fondo inversor. Por su parte Marc Serra, el concejal de Derechos de la Ciudadanía y del distrito de Sants-Montjuïc, negó en una comparecencia ese mismo día junto a la concejal Lucía Martín y el abogado Àlex Solà las acusaciones: «A este fondo de inversión no se le dijo nada más que el contenido de la ley, se le requirió para aplicar la ley y como no obedeció la ley, se le incoó un procedimiento sancionador».