Colau encara el doble de frentes judiciales durante su mandato que sus predecesores

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está afrontando el último año de su mandato como alcaldesa de la ciudad condal con varios frentes abiertos por cuestiones como subvenciones públicas, supuestas presiones a empresas o diversas querellas, la mayoría de las cuales han acabado archivadas. Las políticas de la mandataria al frente del Ayuntamiento de Barcelona desatan anualmente cerca de 1.800 procesos judiciales, lo que supone el doble de los que encararon sus predecesores en la alcaldía.

El alud de procesos judiciales preocupa al equipo de gobierno de Colau, ante lo que consideran una «estrategia planificada y organizada» por parte de determinados sectores económicos que se sienten perjudicados por las políticas del ayuntamiento y un «abuso» de la justicia para desgastar electoralmente a la alcaldesa, según fuentes municipales.

Desde la etapa de gobierno de Colau, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona han constatado que se ha disparado la «litigiosidad» respecto a anteriores mandatos y que las entidades demandantes dirigen sus acciones legales a la vía penal, un «salto» con el que buscan «más el desgaste personal», según el concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra.

Querellas contra Colau

Concretamente, la alcaldesa de Barcelona ha sido objeto de dos querellas. Una de ellas, presentada por la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática por la concesión de subvenciones a entidades afines, ha sido archivada este viernes, mientras sigue vive otra interpuesta por un fondo inversor que la acusa de coaccionarle para que destinara vivienda a alquiler social.

La mayoría de acciones legales contra la gestión de Colau están relacionados con el sector inmobiliario y la transformación del modelo urbano

De hecho, este viernes, el juez que investigaba a Colau por conceder subvenciones a entidades afines ha archivado la causa contra ella, al concluir que no dio instrucción alguna para la concesión de las ayudas, que fueron aprobadas por mayoría en el pleno municipal.

Por otro lado, la concejal Janet Sanz permanece imputada por vetar la construcción de un hotel en la llamada Casa Buenos Aires, mientras que al concejal Eloi Badia se le investiga por una querella de la Fiscalía por la contaminación generada por la incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) y otra presentada por una entidad vecinal que le acusa de haber cedido ilegalmente a una asociación juvenil una finca ocupada del barrio de Gràcia.

Intereses económicos y patrimoniales

Otra de las diferencias que destaca Serra respecto a la litigiosidad contra el ayuntamiento en anteriores mandatos es el perfil de los demandantes, vinculados habitualmente a «determinados intereses económicos y patrimoniales» que utilizan a menudo «entidades pantalla» para sus acciones legales.

La Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática, Abogados Catalanes por la Constitución o la Asociación de Juristas Constitucionalistas por la Libertad son algunas de las entidades que han iniciado acciones legales contra Colau y sus políticas, a los que se unen empresas como Agbar, compañías inmobiliarias o fondos de inversión.

Fuentes del consistorio barcelonés apuntan a que los promotores de esas acciones legales contra la gestión de Colau están relacionados con dos grandes sectores: el inmobiliario -volcado especialmente en impugnar planes urbanísticos o políticas de vivienda– y otros agrupados bajo el paraguas de Foment de Treball que tratan de tumbar principalmente proyectos de transformación del modelo urbano.

Según el concejal, mientras anteriores equipos de gobierno -tanto del PSC como de CiU- fueron el blanco de procesos judiciales impulsados por movimientos vecinales -como en la causa por el hotel del Palau de la Música, en que la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona ejerció la acusación popular-, las políticas de Colau suelen concitar demandas entre sectores económicos e influyentes de la ciudad.

Solo las sanciones impuestas por la normativa de viviendas de uso turístico han dado pie a 400 procesos contenciosos, el reglamento de participación ciudadana fue objeto de impugnación en 40 juzgados y el plan de alojamientos turísticos generó 150, según las mismas fuentes.

A ello se suman las demandas presentadas contra la «superilla», el dentista municipal o la zona de bajas emisiones (ZBE), que ha tumbado recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.