Ada Colau apoya el sindicato de prostitución que el Gobierno quiere anular
El Ayuntamiento de Barcelona respalda la Organización de Trabajadoras Sexuales y pide la legalización de la prostitución
El Ayuntamiento de Barcelona respalda que las prostitutas tengan derechos laborales y pide legalizar esta práctica y mantener el sindicato de trabajadoras sexuales que el Gobierno aprobó por error. La administración de Ada Colau compara la formación del gremio con el sindicato de manteros, otra «actividad ilegal» agremiada.
Colau aprovechó que la organización, denominada Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), ofreció una rueda de prensa el viernes en Barcelona para enviar a dos cargos del Ayuntamiento para defender que las trabajadoras sexuales ejercen «un trabajo» que debe estar delimitado y protegido por la ley.
El teniente de alcalde del Ayuntamiento, Jaume Asens, y la edil del departamento de feminismos, Laura Pérez, se apersonaron en la actividad y comentaron que están a favor de que las organizaciones laborales de prostitutas.
Colau apuesta por la autoorganización de las trabajadoras sexuales
«La autoorganización de las trabajadoras sexuales no es sólo positiva desde una perspectiva de derechos laborales, sino también desde la de la lucha contra el estigma de puta, que afecta a todas las mujeres, y la lucha contra las violencias de género», afirmó Pérez.
Por su parte, Asens criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez se apresure para ilegalizar el sindicato después de darse cuenta de su aprobación. El teniente de Colau considera que es necesaria la «autoorganización» para proteger a las prostitutas de «abusos».
Comú-Podemo trasladó el mensaje también al Congreso, donde aseguró que prohibir el sindicato es «un paso atrás» porque ralentiza un proceso necesario para «luchar contra la estigmatización, la precariedad y la marginalidad».
Las declaraciones del entorno de Colau tropiezan con la postura del Ejecutivo, que ha manifestado que «un gobierno socialista y feminista» no avalará «un sindicato de una actividad ilegal que vulnera los derechos de las mujeres».
El Gobierno de Sánchez trata de dar un paso atrás después de que el Boletín Oficial del Estado publicara una resolución para la inscripción del sindicato a comienzos de agosto, aunque la Moncloa no se enteró sino hasta 26 días después, cuando pidió a la Abogacía del Estado que estudie la vía para anular su aprobación.
