Cs echa cuentas para imponerse en los órganos de la Generalitat
Cs es el primer partido del parlamento catalán pero no ha designado ningún representante en los órganos de control porque su renovación sigue bloqueada
Ciudadanos batallará para ocupar las sillas de organismos claves para el control de la actividad política catalana. En estos momentos, el Consejo de Garantías Estatutarias, la Sindicatura de Cuentas, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y una decena más de entes públicos no cuentan con ningún representante designado a propuesta del partido de Inés Arrimadas. El diputado David Mejía lo considera una anomalía. Recuerda que son el primer partido del parlamento catalán y, en consecuencia, exigen tener el peso que les corresponde cuando se afronte de una vez la renovación de estos entes.
Mejía señala que ningún otro grupo parlamentario puede designar más representantes que Cs precisamente porque son la primera fuerza política catalana. En la actualidad, en la mayoría de estos organismos hay representantes del PP, cuando son la última fuerza parlamentaria. Además, muchos tienen el mandato caducado. A la mayoría se les nombró durante el primer gobierno de Artur Mas, cuando éste tenía como socio a los populares de Alicia Sánchez-Camacho. Cuando se renueven estos entes en los próximos meses, el PP será barrido.
CS propondrá para estos organismos a “profesionales” de los respectivos sectores con “años de experiencia”. Se supone que serán próximos a la formación naranja, pero descantan utilizarlos para recolocar a dirigentes. Las negociaciones entre los diversos grupos para renovar sus órganos de gobierno todavía no han empezado. Se requieren mayorías cualificadas, en unos casos de dos tercios (90 diputados sobre 135) y, en otros, de tres quintos (81 diputados). Una vez se nombre el nuevo gobierno de la Generalitat, empezarán las conversaciones entre los grupos.
El parlamento catalán fue incapaz de renovar estos organismos durante la pasada legislatura. El mandato de muchos de sus miembros ha caducado, pero siguen en sus puestos. Por ejemplo, tres de los seis consejeros de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, que rigen los destinos de TV3 y Catalunya Ràdio, debían substituirse en 2015. Entre estos está su presidente, Braulí Duart, que ahora suena como próximo consejero de Interior de la Generalitat. Los sueldos de los miembros del consejo de la CCMA con el mandato caducado supera los 100.000 euros brutos anuales.
En las negociaciones para formar el próximo gobierno catalán, ERC exige a Junts per Catalunya que les ceda la presidencia de la CCMA. Desde este puesto controlarán los medios públicos de la Generalitat, su presupuesto y su orientación política. Estas dos formaciones continuarán teniendo la mayoría del consejo.
ERC exige a Junts per Catalunya la presidencia del órgano de gobierno de TV3
El Consejo Asesor de Contenidos y Programación de la CCMA también debe renovarse. El mandato de sus catorce miembros caducó en 2016.
El parlamento catalán aprobó en octubre de 2016 una moción, a propuesta del PSC, por la que se instaba a renovar a la cúpula de la CCMA antes de julio del año pasado. Incumplieron lo que acordaron por unanimidad. El bloqueo se mantuvo durante toda la pasada legislatura.
El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) que vela por los contenidos de los medios públicos, sólo tiene uno de sus seis consejeros caducados, la socialista Carme Figueras. Sin embargo, a dos más les finaliza el mandato el próximo julio: su presidente, Roger Loppacher, y el representante propuesto por el PP, Daniel Sirera.
Un organismo clave para la fiscalización de la administración catalana es la Sindicatura de Cuentas. De sus siete miembros, uno cesó hace unos meses y otros tres, designados en su momento por CiU y el PP, tienen el mandato caducado.
El Consejo de Garantías Estatutarias vela por el encaje de las leyes del parlamento catalán al Estatuto y a la Constitución. De sus nueve miembros, dos tienen el mandato caducado: su presidente, Joan Egea, nombrado a propuesta de la desaparecida CiU; y Carles Jaume, a propuesta del PP. Hace unos meses se cubrió la baja del republicano Joan Ridao, que ha pasado a ser letrado del parlamento, por Margarida Gil, esposa del exconsejero Jordi Jané.
