CiU contra CiU: La Diputación de Barcelona quiere su dinero
El organismo supramunicipal interpone un recurso en el TSJC para recuperar 167 millones que le debe la Generalitat
Los organismos locales no pueden más. Están asfixiados. También lo está la Generalitat. Pero las administraciones colaboran entre ellas si después se devuelven las deudas. Y la Diputación de Barcelona ha decidido –tras una votación por unanimidad en el pleno de este jueves– interponer un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por el incumplimiento del Govern de la Generalitat en la devolución de 167 millones de euros.
La Diputación prestó esa cantidad a los municipios de la provincia de Barcelona, en lugar de la Generalitat, según un convenio que se firmó en marzo de 2012. Se trata del Plan Extraordinario de Asistencia Financiera Local, que la Diputación de Barcelona, presidida por Salvador Esteve, utilizó para avanzar a los ayuntamientos parte de lo que les debe la Generalitat, –unos 550 millones de euros a finales del pasado año.
Hubo algunos gestos de confianza mutua. De hecho, la Generalitat se comprometió a devolver esa cantidad antes de que finalizara el año, pero en diciembre la Diputación aplazó el plazo para poder hacerlo indefinidamente.
Tesorería de los ayuntamientos
La presión de todos los grupos, y, al final, la propia convicción de los representantes locales de CiU –muchos ayuntamientos en manos de la federación nacionalista desean que el Govern adopte una política más realista y se concentre todo lo que pueda en la gestión del día a día– han provocado, sin embargo, la votación de este jueves.
Carles Rossinyol, responsable de Hacienda en la Diputación, y portavoz de CiU en el Ayuntamiento de Sabadell, ha recordado que el convenio que se firmó no fue tanto para sacar las castañas del fuego al Govern de la Generalitat como para “solucionar un problema grave de tesorería de los ayuntamientos”.
Es decir, la Diputación ‘salvaba’ a sus propios municipios, aunque los recursos deberían haber llegado desde la Generalitat. Para compensar ese avance de dinero, la Diputación, según Rossinyol, no paga “las deudas que tiene con la Generalitat, como hace con muchos consistorios.
Que el Gobierno central también pague
El resto de grupos ha coincidido en calificar la actitud del Ejecutivo de Artur Mas de “deslealtad institucional”. El PP, a través de Alberto Villagrasa, ha felicitado al presidente de la Diputación, Salvador Esteve, de CiU, mientras que Rafel Roig, del PSC, ha lamentado que se haya llegado al extremo de presentar un recurso administrativo. Jordi Portabella, de ERC, en cambio, ha señalado ese incumplimiento de la Generalitat, pero ha recordado que el Gobierno central también debe pagar lo que debe a la administración catalana.
El mismo pleno ha servido, eso sí, para aprobar la adhesión de la Diputación de Barcelona al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, a propuesta de CiU, ERC e ICV, con el voto en contra del PP.
