Cifuentes justifica con errores a la empresa ‘low cost’ de traducción judicial
La Comunidad de Madrid atribuye a Seprotec el buen trabajo de intérpretes que trabajan para otras compañías
La Comunidad de Madrid ha salido a defender a la polémica empresa dedicada a realizar las traducciones en los juzgados que contrata a cualquiera como traductor judicial. Y en esta defensa, casi todo vale, incluso, atribuir a Seprotec méritos de otras empresas.
La compañía con una cuestionada reputación entre los traductores e intérpretes de los juzgados contrata a cualquier tipo de profesional sin comprobar su titulación universitaria ni sus conocimientos específicos de idiomas, según ha podido comprobar este diario.
Un periodista de Economía Digital se hizo pasar por traductor de árabe sin tener conocimiento alguno del idioma. La empresa lo contrató y hasta le asignó un juicio. A pesar de ello, la Comunidad de Madrid ha defendido el trabajo de la polémica empresa.
El gobierno regional adjudicó los servicios de traducción en los juzgados a la empresa Seprotec en 2007. A excepción del período 2014-2015, la compañía de servicios de bajo coste ha hecho todas las traducciones en los juzgados de Madrid con un servicio que ha levantado quejas de los trabajadores judiciales.
El gobierno de Cristina Cifuentes asegura que los servicios de Seprotec no han dado problemas en los tribunales, ya que la Comunidad dice no haber recibido ninguna queja desde que se asignó el último concurso, es decir, desde marzo. El Ejecutivo regional no hace ninguna referencia a las quejas recibidas durante los períodos anteriores.
La Comunidad de Madrid no valora el hecho de que cualquiera pueda ser contratado como traducción oficial. Tampoco ha comentado el trabajo diario que realizan los intérpretes de Seprotec. «El nivel de traducción es lamentable. La mayoría de las veces no hablan bien castellano y nos cuesta trabajo entenderles», explica una secretaria judicial.
Cifuentes defiende la traducción de bajo coste
Pese a la polémica reputación de la empresa, el gobierno autonómico ha salido en defensa de Seprotec al asegurar que hasta ha recibido felicitaciones de los jueces por el buen desempeño de sus intérpretes en el juicio de las cartas nigerianas.
Este diario ha decidido ponerse en contacto con los intérpretes que han felicitado los jueces por su trabajo en el macrojuicio. Natalia Álvarez, licenciada por la Universidad Complutense y con Master oficial de Interpretación de Conferencias, trabajó de forma intensa en el juicio como intérprete de cabina. Ella y su compañera Almudena Valdés, licenciada por la Universidad Autónoma de Madrid y con el mismo Master, recibieron la felicitación de los jueces por su desempeño. Pero ambas intérpretes han aclarado que nunca han trabajado para la empresa Seprotec.
«Nunca he trabajado con Seprotec ni estoy interesada en hacerlo porque no estoy de acuerdo ni con sus prácticas ni con sus condiciones», explica Natalia Álvarez. «Si un traductor tiene en su currículum que ha trabajado con Seprotec es mal visto en el sector», dice su compañera Almudena Valdés.
Ambas traductoras confirman que los jueces de la Audiencia Provincial les pidieron los datos. Quedaron maravillados con su trabajo, el más intenso y el principal del juicio. Para estas jornadas de interrogatorios intensos que se llevaron a cabo por videoconferencia en varios países, los juzgados madrileños hicieron un concurso para el juicio tan delicado.
Se montaron cabinas y se adjudicó el servicio a la empresa Ofilingua, la que trabaja con la Audiencia Nacional. En el sector, esta compañía es conocida por tener profesionales de mucha mayor formación. De hecho, la compañía paga 30 euros por hora a sus trabajadores mientras que Seprotec ofrece 10 euros brutos por el mismo trabajo.
A pesar de las evidencias, la Comunidad de Madrid apoya sin fisuras el trabajo de la empresa desde las contrataciones de la era de Francisco Granados, hoy encarcelado por la trama de corrupción Púnica. El gobierno de Cifuentes defiende que en ese juicio también participaron intérpretes de la empresa de traducción de bajo coste.
Se refieren a unas traducciones de apoyo que hicieron intérpretes de kurdo y de lenguas de Kenia que participaron de forma fugaz en el juicio. «El intérprete no sabía cómo se decía en español ministerio fiscal», explican los participantes del juicio. Pese a todo, la Comunidad de madrid parece encantada con el servicio barato.
