Cifuentes forzará la ley para pagar el IBI a 20.000 inquilinos necesitados

Otro desaguisado de sus antecesores –Esperanza Aguirre e Ignacio González–, le ha caído encima a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Se trata del incumplimiento en hacer repercutir el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) de las viviendas protegidas sobre los inquilinos, tras la modificación introducida en 2009 en la ley de haciendas locales.

Desde entonces, este pago está siendo cubierto por el propio Ejecutivo autonómico, que dadas las especiales circunstancias que rodean a este colectivo, con bajos niveles de renta, prefirió hacer caso omiso al mandato legal en el periodo álgido de la crisis económica.

Pero a finales del pasado ejercicio, sendos informes de fiscalización, tanto del Tribunal de Cuentas nacional como de la Cámara de Cuentas regional, recordaban al gobierno presidido por Cifuentes que estaba incumpliendo la norma legal, y le instaba a repercutir las cantidades con efecto retroactivo. Unos 13 millones a 20.000 familias, correspondientes a los últimos cuatro ejercicios no prescritos.

En ese sentido, la Cámara de Cuentas regional apuntaba en su informe que los ingresos de 2014 del entonces Instituto de la Vivienda de Madrid –ahora reconvertido en la nueva Agencia de Vivienda Social– estaban infravalorados en al menos 3,28 millones de euros «por la falta de repercusión a los arrendatarios del IBI correspondiente a las viviendas y garajes arrendados, propiedad del Ivima, cuya repercusión está establecida tanto en los contratos como en el ordenamiento de aplicación».

Además, instaba a la Comunidad de Madrid a completar el inventario de sus bienes inmuebles, depurando las cuentas deudoras y acreedoras que no reflejan la realidad de sus derechos, y llegado, reclamar en vía judicial las deudas no prescritas y no abonadas en los últimos ejercicios.

Marcha atrás

También ponía fecha para aplicar la modificación legal. En este sentido, el pasado 22 de abril, el consejo de administración de la Agencia de Vivienda Social contemplaba en el orden del día tomar un acuerdo sobre la repercusión del IBI a los inquilinos, además de pedir a los ayuntamientos bonificaciones a favor de las viviendas protegidas para amortiguar el impacto y dejar en manos de la gerente de la Agencia, Isabel Pinilla, la aprobación de medidas para fraccionar el pago.

Al final, ante las presiones de los representantes de la oposición sentados en el consejo, el acuerdo no llegó a tomarse. En su lugar, y para tener la seguridad de actuar conforme a derecho, se tomó la decisión de realizar una consulta a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid para que se pronunciase sobre el tema.

Los presupuestos cubren el IBI de los inquilinos

Mientras llega ese informe, el Gobierno presidido por Cifuentes, ante el revuelo social suscitado, ha querido dejar claro su intención de seguir pagando el IBI a las familias que residen en viviendas pertenecientes a la Agencia de Vivienda Social. Y que para ello existe una partida específica en los presupuestos de 2016.

A nivel legislativo, el Gobierno regional va a presentar de inmediato una Proposición No de Ley en la Asamblea de Madrid para revocar la modificación de la Ley de Haciendas Locales. Además de Madrid, otras comunidades como Cataluña o Valencia, tampoco están repercutiendo el IBI a arrendatarios de pisos públicos. Sí lo hace, por ejemplo, Andalucía.