CEOE amenazó al Gobierno con reventar la reforma laboral en Bruselas

En plena crisis de Gobierno sobre la reforma laboral, patronal y sindicatos observan silentes quién se llevará el ‘gato al agua’ y pilotará la recta final de las negociaciones para sacar adelante la norma con el mayor consenso posible de cara a desbloquear los fondos europeos para este año.

Mucho se habla de la crisis en la coalición y del choque entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Pero poco o casi nada del detonante que hizo saltar la mesa de diálogo social, nuevamente, por los aires.

Según ha podido saber en exclusiva Economía Digital, los empresarios amenazaron al Gobierno con reventar la reforma si ésta salía adelante sin su apoyo. Con fervientes críticas, mirando a Bruselas o, incluso, con protestas, pero Yolanda Díaz no podía «pasar el rodillo» en las negociaciones y sacar adelante, sin el acuerdo con los empresarios, la nueva ley el próximo 15 de noviembre, la fecha límite que se había marcado.

Fuentes de CEOE y de Cepyme desvelan a este medio la «dureza» de las negociaciones con Díaz, a la que califican de «intransigente». «En una negociación no se impone, sino que se trata de que las dos partes cedan en sus planteamientos y se acuerde una propuesta común», continúan.

La amenaza de la patronal a Garamendi

En este asunto, también el presidente de CEOE recibió presiones por parte de muchas familias de empresarios pertenecientes a la patronal que ya se opusieron a medidas anteriores de la mesa de diálogo social y criticaron las celebraciones y fotos junto a Díaz al considerar que no se les estaba beneficiando como con la ‘Ley Rider’ o lo que costó la negociación de los ERTE.

Según ha podido saber Economía Digital, desde la Junta Directiva de CEOE se dio un aviso a Garamendi y, a pesar de tener toda la confianza después de su error al posicionarse sobre los indultos, le advirtieron de que no podía salir adelante la reforma laboral en los términos que plantea Díaz.

«En el mundo de la empresa tenemos el 25% de contratos temporales, pero las Administraciones públicas tienen el 34%. No nos falles», le llegaron a decir a Garamendi.

Junto a los empresarios, la OCDE, Bruselas y hasta el Banco de España respaldan que no se derogue íntegramente la reforma que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y que en Unidas Podemos están empeñados en eliminar. La norma del 2012, «distó mucho de ser perfecta, pero con ella, se permitió por ejemplo ajustar condiciones laborales, justificando pérdidas económicas previstas (de futuro)», aseguran desde la patronal.

Pero una de las bazas que dieron ‘alas’ a Garamendi frente a los suyos y a mantener a Díaz como única negociadora ha sido, entre otras, su «amadrinamiento» junto a la esposa de Pedro Sánchez de Conpyme (Confederación Nacional de Pymes). «Fue la gota que colmó el vaso en la Junta Directiva de CEOE», señalan a Economía Digital.

Aquello enrareció el clima de manera innecesaria de entendimiento entre la cúpula de CEOE y Cepyme y el Gobierno, justo en unos momentos clave en las relaciones laborales. Precisamente, cuando se negociaba la prórroga de los ERTEs, la reforma de los pensiones y también la reforma laboral.

Un toque que ha estrechado el margen de maniobra de Díaz cuyo perímetro de actuación (después de que le arrancaran las pensiones y la formación profesional) se mueve entre el ‘no’ de Calviño y la CEOE a desmantelar la reforma laboral del PP, y el sí de los sindicatos, que en ocasiones hacen piña con los empresarios para aislar al Gobierno en la mesa de negociación, como sucedió con el asunto de los ERTE.

Todo ello, sin perder de vista una circunstancia política de la máxima importancia, como es la tendencia al alza del PP en las encuestas, lo que alienta a muchos empresarios a ser más exigentes con el Gobierno para acortar los tiempos políticos

Asimismo, el aviso de la Comisión Europea sigue pendiendo sobre la cabeza de Sánchez. La reforma laboral debe aunar el mayor consenso posible con el objetivo principal de que perdure en el tiempo. En juego siguen los 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation que Bruselas desembolsará en la segunda parte del año, dependiendo del éxito que tengan las reformas del Gobierno, en especial, la reforma laboral.

Por ello, Sánchez se afanó este lunes en tranquilizar al comisario europeo, Paolo Gentiloni, prometiéndole que la reforma laboral se hará «con diálogo social» y «vocación de consenso».

«Los ministros socialistas no dan crédito»

Cuando las fuentes consultadas hablan de la «intransigencia» y «dureza» de Yolanda Díaz como negociadora, se refieren a que en las últimas reuniones de los agentes sociales con ella «apenas se cambió una coma» de la propuesta a consensuar, porque Trabajo no varió el documento; lo entregó -en algunas ocasiones- a horas de la reunión, «por lo que fue imposible examinarlo bien». Igualmente, explican, la ministra de Trabajo se plantó ante las propuestas de la patronal.

Todo ello se trasladó a la parte socialista del Gobierno y, según avanzan las mismas fuentes, «algunos ministros socialistas no dieron crédito a lo que estaba pasando».

Las críticas de la patronal, enseguida se trasladaron al presidente del Gobierno quien escuchó también la versión de Díaz sobre cómo marchaban los encuentros con el diálogo social. Pedro Sánchez insistió a Díaz en sacar adelante la norma con el apoyo del diálogo social, lo que incluye a los empresarios.

También se sugirió la presencia de Nadia Calviño, como máxima coordinadora de los asuntos económicos del Ejecutivo de coalición, para estar presente en la mesa de negociación con los agentes sociales. Y esto fue la gota que colmó el vaso de Díaz y a lo que llevó a la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, a exigir la mesa de seguimiento del pacto de Gobierno de coalición.

«El PSOE quiere conocer cómo transcurre el diálogo, su desarrollo y los trabajos que se están produciendo», llegó a decir este lunes el portavoz socialista Felipe Sicilia.

Desde el Gobierno entienden que todos los ministerios afectados por la norma, como Educación, Industria, Hacienda y, por supuesto, Economía tienen que estar presentes de una forma u otra para sacar adelante la norma como Gobierno y, además, conocer de primera mano las posibles rencillas y la manera de negociar de Díaz con la patronal. «Se hizo con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o con los ERTEs, por poner algún ejemplo», continuó Sicilia.

Díaz acelera el informe que le reclama Bruselas

Pese a todo, la ministra de Trabajo ha acelerado estas semanas el informe que debe entregar a la Comisión Europea sobre las intenciones que lleva acerca de la reforma laboral.

Bruselas solicitó al Gobierno un informe previo sobre la reforma laboral y Trabajo pretende especificar cuáles son las deficiencias de la negociación colectiva para defender la derogación íntegra de la norma. 

Fuentes del Ministerio de Díaz consultadas, insisten en que la normativa del PP daba más poder a las empresas para establecer las condiciones laborales. «Los sindicatos también piensan que éstas ha sido una de las principales causas de la precarización de nuestro mercado laboral», esgrimen en privado.

Fuentes del Parlamento Europeo consultadas advierten de que Bruselas mantendrá su línea, la misma que el resto de organismos e instituciones económicas, y exigirá «mantener la flexibilidad del mercado laboral español» para evitar «pasos atrás» que supongan una mayor rigidez de contratación para las empresas. Tal y como ha dicho este lunes el gobernador del Banco de España.  

Los responsables comunitarios también explican que el pacto es sumamente importante porque, a su entender, se trata de una «reforma de país» que debe llevarse a cabo y perdurar en el tiempo aunque el Gobierno cambie de color.

Otras fuentes consultadas aseguran que este interés de la Comisión porque la reforma laboral se haga con el respaldo social haría que Bruselas esté dispuesta a flexibilizar el plazo fijado y llevarlo más allá de fin de año si las negociaciones prosperan y llegan a buen puerto. Si bien, este retraso en los plazos conllevaría también un aplazamiento del ingreso de los 10.000 millones prometidos para antes de que termine el ejercicio.

El Gobierno calma a Bruselas: «diálogo social y consenso»

En medio del cruce de críticas de una facción del Gobierno a otra y ante la reunión de urgencia entre PSOE y Unidas Podemos que se ha saldado «sin consenso», el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a reiterar que «todo el Gobierno» negociará la ereforma laboral.

Así lo señaló delante del comisario europeo de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, en el marco del seminario ‘Monitoring the recovery: beyond GDP’, en donde participó también la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

“Todo el Gobierno está comprometido en abordar la modernización de la legislación laboral”, sostuvo Sánchez pese a las desavenencias, con el fin de “estirpar” la precariedad laboral, impulsar la competitividad y reestablecer el reequilibrio en la negociación entre los empresarios y los trabajadores.

También remarcó que una legislación de este tipo, con vocación de perdurar en el tiempo, “se hará en España como en Europa, con diálogo social y vocación de consenso”, tras una décima de haber “sufrido muchísimas contrarreformas”, en alusión a la reforma laboral del PP de 2012 y de pensiones de 2013 que “quebraron el diálogo social”.

Estas palabras fueron recogidas más tarde por Calviño, quien defendió que el Gobierno «tiene que tener una sola voz» en la negociación de la reforma laboral y ello exige que esté «bien coordinada» y cuente con la participación de los ministerios implicados, incluyendo el suyo de Asuntos Económicos.

Tanto Sánchez, como Calviño y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, mantuvieron sendos encuentros con el comisario europeo, a quien trasladaron la seguridad de que España cumplirá con lo comprometido: aprobar la reforma laboral antes de que acabe el año para poder recibir el desembolso de 10.000 millones de euros de fondos europeos.

La última en mantener un encuentro con el comisario europeo fue la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien abordó con Gentiloni los puntos del ‘componente 30’ del Plan de Recuperación referido a los cambios laborales, según indican a Economía Digital en fuentes gubernamentales.

Por su parte, el mandatario europeo dejó claro que la Comisión Europea no entra en las “dinámicas de discusiones políticas internas” del Gobierno español, por lo que el Ejecutivo comunitario evaluará las propuestas una vez se envíen a Bruselas.

No obstante, recordó, tal y como señaló a todos los ministros en sus encuentros, que las recomendaciones de la CE incluyen la necesidad de abordar la segmentación del mercado laboral, el alto número de empleos precarios y modernizar el sistema de negociación colectiva desde un “equilibrio” entre seguridad y flexibilidad.

Tras los 9.038 millones de euros recibidos por España a modo de anticipo de los fondos europeos Next Generation UE, Gentiloni trasladó la necesidad de consensuar la reforma para que España formalice “pronto” la solicitud del desembolso de 10.000 millones del primer tramo del fondo europeo de recuperación.