CDC dio pistas a Antifraude para atacar al hermano de Junqueras

En una de las conversaciones entre el director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) y el ministro del Interior filtradas por Público, Daniel de Alfonso informa a Jorge Fernández Díaz que están investigando un contrato que el Ayuntamiento de la Bisbal de Penedès (Tarragona) adjudicó a CESPA, una filial de Ferrovial dedicada a la gestión de residuos de la que es directivo Roger Junqueras, hermano del vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC.

Precisamente, esta investigación sobre CESPA, a la que se refiere De Alfonso, arranca de una denuncia del grupo municipal de CiU de la Bisbal de Penedès, encabezado por la convergente Agnès Ferré, ante la Oficina Antifraude de Cataluña.

La denunciante es la actual alcaldesa

Cuando se presentó la denuncia, en julio de 2014, Agnès Ferré lideraba la oposición, pero desde las últimas elecciones municipales es la nueva alcaldesa de la Bisbal de Penedès, una localidad tarraconense de cerca de 3.500 habitantes que nunca hubieran imaginado que aparecerían en el mapa de los escándalos políticos.

En declaraciones a Economía Digital, Agnès Ferré asegura que no tenía ni idea de que uno de los directivos de CESPA es hermano de Oriol Junqueras. Circunstancia de la que se ha «enterado ahora» debido al revuelo mediático generado por las conversaciones entre De Alfonso y el ministro Fernández Díaz.

Un contrato bajo sospecha de más de 200.000 euros

Al contrario de la apreciación que hizo De Alfonso, en el sentido que el asunto de los contratos de CESPA es «endeble», Agnès Farré matiza que, para un municipio de las dimensiones de la Bisbal de Penedès, es «muy importante» porque superó los 200.000 euros.

Agnès Ferré señala que su antecesor en el cargo, el republicano Josep Maria Puigibet, adjudicó a CESPA la construcción de un punto verde, un lugar para separar determinados residuos para su posterior reciclaje. Farré mantiene, basándose en un informe municipal, que la adjudicación debía hacerse mediante un único concurso público, pero que el entonces alcalde optó por fragmentarla en diversos contratos que ganó la misma empresa.

CESPA se encarga de la recogida de basuras de la Bisbal de Penedès desde 2009, precisamente a raíz de un concurso público convocado por el entonces alcalde Puigibet, sobre el cual su sucesora no formula ninguna duda. «Se adjudicó correctamente», precisa. La denuncia que presentaron a Antifraude tan solo se refiere a la construcción de un punto verde.

La Fiscalía de Tarragona pide la inhabilitación del ex alcalde

La actual alcaldesa y su antecesor están enfrentados en un juzgado penal de Tarragona. La convergente denunció al republicano porque, de 2007 a 2012, no entregó las actas de las juntas de gobierno a la oposición. La Fiscalía ha pedido ocho años de inhabilitación para Puigibet por un presunto delito de prevaricación. Todavía no se ha fijado la vista oral.

En las últimas municipales, en la Bisbal del Penedès, CiU y ERC obtuvieron cinco concejales y la única representante socialista resolvió el empate a favor de la convergente Ferré. Puigibet dimitió y lo mismo hizo su madre, Montserrat Mestre, concejal de asuntos sociales en el anterior mandato.

Antifraude anuncia que «en breve» adoptarán una resolución

El pasado abril, la alcaldesa Ferré llamó a la Oficina Antifraude de Cataluña para preguntar por la denuncia que presentaron hace dos años por el contrato a CESPA. La única respuesta que recibió es que «en breve» adoptarían una resolución, si bien no le avanzaron si pensaban archivarla o trasladarla a la Fiscalía.

Farré subraya que su intención era denunciar una situación «local» y que nunca pensó que tuviera repercusiones más allá de su municipio.

La jueza gallega Pilar de Lara también investigó al hermano de Junqueras

Si el ministro Fernández Díaz quería indagar en el entorno familiar del líder de ERC, tal como se desprende de las conversaciones filtradas por Público, quizás le habría salido más a cuenta leerse las investigaciones de la jueza gallega Pilar de Lara, la instructora del caso Manga, la derivada catalana del caso Pokemon.

Según informaciones del Diari de Girona, la jueza De Lara considera a Roger Junqueras como supuesto «cooperador necesario» en el presunto falseamiento de un contrato de jardinería adjudicado por una asociación de municipios gerundenses a una empresa participada por CESPA, mediante un procedimiento negociado sin publicidad. El importe superaba por poco los 40.000 euros.