Catalunya suprime el impuesto de sucesiones
El proyecto de modificación de la tasa entra en vigor con efectos retroactivos al 1 de enero de 2011 tras el pacto con el PPC, que insta al Govern a ampliar la exención y a suprimir Donaciones
El Parlament ha aprobado la práctica eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones hasta el tercer grado de parentesco –entre hijos, padres y cónyuges–, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2011.
Es una de las propuestas programáticas más emblemáticas con la que CiU se impuso en las últimas elecciones autonómicas.
El proyecto de ley se ha aprobado por lectura única con el voto de CiU, PP y el diputado no adscrito Joan Laporta, mientras que el resto han criticado en bloque la eliminación del tributo por renunciar a ingresos en plena crisis, así como que se haya tramitado por esta vía, prevista para leyes de máxima urgencia y que permite a la Cámara aprobarlas con un único debate y sin que se puedan presentar enmiendas.
Finalmente CiU ha conseguido el aval del PP para tramitarla por urgencia, no sin antes admitir a los populares una propuesta de resolución para que el Parlament inste al Govern a presentar antes de 2012 una segunda modificación de Sucesiones y Donaciones para suprimirlos en todas sus variantes si las finanzas de la Generalitat lo permiten.
El conseller de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, ha estimado que la reforma actual conllevará una pérdida presupuestaria «limitada» de 52 millones de euros, cifra que ha confrontado con los 542 millones de la modificación aprobada por el anterior gobierno tripartito, también en plena crisis.
«Si esa renuncia de ingresos estaba justificada, se hace difícil entender que esta no lo sea», ha remarcado el conseller, quien ha defendido que esta reforma termina con el agravio comparativo de Catalunya respecto a otras comunidades, donde este impuesto está prácticamente derogado.
El diputado del PP en el Parlament José Antonio Coto ha avanzado el voto a favor de su partido, pese a calificar de «descafeinada y light» esta modificación que, a su juicio, no se corresponde al compromiso electoral de CiU de suprimirlo del todo.
Desde el PSC, la diputada Rocío Martínez-Sampere ha reclamado a la federación que reconsidere su posición y posponga, como mínimo, un año la reforma del impuesto que supone, según ha calculado, la renuncia a 400 millones de ingresos «y no de 50».
«Es inaceptable por cualquiera que sea de derechas o izquierdas y que tenga una mínima sensibilidad social», ha subrayado Martínez-Sampere, en la misma línea de los argumentos esgrimidos por la diputada de ICV-EUiA Laia Ortiz.
Tras defender la reforma que aprobó el tripartito, Ortiz y el diputado de ERC Sergi de los Ríos han calificado de injusta la modificación actual: «Benefician con este perdón a una minoría para perjudicar a la mayoría».
En el mismo sentido se ha pronunciado el diputado de C’s Jordi Cañas y el de SI Alfons López Tena, mientras que el diputado no adscrito Joan Laporta ha celebrado la decisión de suprimir un impuesto «anacrónico».