Catalunya restringe más el déficit que España

El Govern de Artur Mas quiere sanear las cuentas catalanas cuanto antes mejor. Y esto pasa por poner un límite al déficit de Catalunya por encima de lo pactado entre PSOE y PP en el marco de la reforma constitucional de agosto. Mientras que en el resto de España se tiene que llegar al 0,4% en 2020, una cifra acordada entre los dos grandes partidos pero que no se incluye en la nueva Carta Magna, la Generalitat pretende alcanzar el 0,14% en 2018. Un dato que se incluye en el anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria de Catalunya y que ya ha levantado polvareda.

Los sindicatos están en pie de guerra y el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha emitido un nuevo informe contrario a los intereses de CiU. El organismo consultor ya ha provocado varios dolores de cabeza a Mas, esta vez pide al president que argumente cómo se ha fijado el porcentaje. Han pactado por unanimidad conocer los detalles del cálculo con un voto particular: el de CCOO y UGT de Catalunya. Los representantes de los trabajadores rehúsan el límite y recuerdan que en 2005 la UE lo acotó en el 1%.

También quieren eliminar el año de entrada en vigor del nuevo objetivo de estabilidad presupuestaria, ya que en el resto de comunidades autónomas tienen hasta 2020 para revisar la relación de ingresos y gastos. “Los plazos y techos de déficit más estrictos que la norma estatal pueden limitar la capacidad de recuperación de nuestra economía y situarla en una situación de agravio comparativo”, aseguran Alfons Labrador (CCOO) y José Manuel Fandiño (UGT) en el texto que firman.

Mantener el Estado del Bienestar

En este sentido, aseguran que es “inoportuno” la iniciativa legislativa porque “se avanza a la Ley orgánica prevista en la Constitución reformada que se tiene que aprobar antes del 30 de junio de 2012”. Según el Govern, sin el ajuste no pueden garantizar “el mantenimiento de los servicios que tiene encomendados la Administración”, tal como se lee en el preámbulo del anteproyecto. Pero los sindicalistas ven en la nueva norma el principal ataque al Estado del Bienestar.

Entre otras consideraciones, señalan que cada operación de endeudamiento público se tiene que estudiar individualmente para constatar “la diferencia entre la carga financiera y el retorno de la inversión” e introducen otro elemento en el debate: la fiscalidad. Una vez más, reprochan a la federación nacionalista eliminar el impuesto de sucesión en un momento de recesión. “Compartimos que se tiene que tener un nivel de ingresos suficiente, pero consideramos sesgada la afirmación de que es el nuevo marco de financiación el que permitirá disponer de fundamentos de suficiencia de recursos de la administración catalana”.

Todas estas consideraciones ya están en manos de CiU.

Déficit en 2010 del 4,2% del PIB

A la par que el CTESC, el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, ha hecho público este martes la auditoría realizada por Deloitte a las cuentas públicas catalanas. Según la consultora, en 2010 el déficit de la Generalitat llegó al 4,2% del PIB. Es decir, 8.352 millones de euros. Además, tiene gastos aplazados más allá de 2020 que superan los 54.000 millones de euros.

El informe de Deloitte sitúa las cuentas catalanas lejos del 2,4% que reconoció el anterior titular de Economia i Finances, el socialista Antoni Castells. De hecho, en febrero de 2011, el PSC situó la cifra en el 3,2% y la federación la subió hasta el 3,86% en sus primeros presupuestos.

Con todo, Mas-Colell ha avanzado que pasarán las tijeras por las cuentas públicas de 2012 y ha confirmado que en otoño lanzarán una nueva emisión de bonos minoristas.