Cataluña tirará de decreto para poder mantener el toque de queda tras el 9 de mayo

La Generalitat de Cataluña está ultimando los detalles de una reforma legal para poder recurrir a las restricciones excepcionales del coronavirus, como la imposición del toque de queda o los confinamientos comarcales, a partir del 9 de mayo. El Gobierno de Pere Aragonès quiere tener atados todos los flecos para que la comunidad autónoma no se quede desamparada, una vez que concluya el actual estado de alarma, que ha permitido mantener en vigor estas medidas durante los últimos seis meses.

El plan pasa por modificar mediante un decreto la Ley de Salud Pública de Cataluña que data del año 2009. La normativa no contempla de forma específica la herramienta del toque de queda, por lo que el Ejecutivo pretende blindarla para que no tenga lagunas y poder recibir el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia. El objetivo es aprobar la reforma en la reunión del Consejo Ejecutivo del próximo martes, la última antes de que finalice el estado de alarma, según ha adelantado Tv3.

“Tendremos las herramientas de control de la pandemia, aunque tengamos que pasar por la ratificación judicial”, ha anunciado este jueves el presidente en funciones, Pere Aragonès, en la sesión de control parlamentario, como respuesta a las inquietudes de Ciudadanos sobre el futuro de las medidas sanitarias a partir del próximo 9 de mayo.

El líder de Esquerra Republicana ha recordado que las autonomías seguirán conservando su potestad para poner en marcha algunas restricciones como las limitaciones de aforo en los establecimientos comerciales o el establecimiento de franjas horarias en la hostelería, que todavía siguen vigentes. Sin embargo, la imposición de medidas más consistentes que contradigan alguno de los derechos constitucionales requerirán un aval judicial.

«A partir del 9 de mayo las herramientas jurídicas son diferentes, pero la pandemia es la misma»

Pere Aragonès

La situación no es nueva para Cataluña. El Gobierno ya decidió tirar de su propia normativa sanitaria en el mes de marzo de 2020 para decretar el confinamiento del municipio Igualada (Barcelona), antes de que Pedro Sánchez decretase el primer estado de alarma. La decisión obligó a los jueces a posicionarse para dar su visto bueno a esta medida restrictiva debido a la situación epidemiológica.

La vuelta a este tipo de medidas estará marcada por el avance de la pandemia. Cataluña ya está inmersa en el diseño de su fase de desescalada para ir recuperando poco a poco la normalidad, sin embargo los datos epidemiológicos no terminan de asentarse. La velocidad de propagación de la Covid-19 ha protagonizado este jueves un nuevo repunte hasta alcanzar un valor de 1,04, lo que se considera una fase expansiva de la pandemia. La buena noticia es que la presión sobre las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ha retrocedido hasta los 498 enfermos críticos.

Las comunidades autónomas se rebelan contra Sánchez

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no prorrogar el estado de alarma más allá del próximo 9 de mayo ha devuelto la pelota a las comunidades autónomas. Cada territorio está buscando ahora la fórmula jurídica que les permita mantener las restricciones dentro de 10 días. País Vasco, Galicia, Castilla La Mancha y Castilla y León se han pronunciado este jueves para exigir una prórroga del paraguas constitucional que ha sido rechazada una y otra vez por el Ejecutivo.

El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha sido uno de los presidentes autonómicos más críticos con la decisión del Gobierno, que dejará en una delicada situación jurídica al País Vasco justo cuando afronta el peor momento de presión asistencial desde que comenzó la crisis sanitaria, que ha obligado a detener todas las operaciones quirúrgicas no urgentes durante 14 días. «La situación no es de epidemia localizada, sino de pandemia», ha expuesto.

El presidente vasco ha solicitado que la herramienta perdure al menos hasta que la incidencia acumulada se mantenga estable por debajo de los 60 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, se ha llevado un nuevo no por respuesta. En este caso de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo: «En el 99% de las ocasiones los tribunales han ayudado a los Ejecutivos».

Emiliano García Page (Castilla La Mancha), Francisco Igea (Castilla y León) o Alberto Núñez Feijóo (Galicia) también han seguido el mismo discurso para solicitar una prórroga adicional que no va a llegar. Mientras que otras regiones como Extremadura han integrado el argumentario de Pedro Sánchez y apoyan su finalización.

Al igual que Cataluña, Madrid también está trabajando en el escenario futuro a partir del 9 de mayo. El Gobierno interino de Isabel Díaz Ayuso prepara un plan que permitirá acabar por primera vez en medio año con el toque de queda, pero que mantendrá el cierre de los bares a las 23.00 horas o el control de aforo en los establecimientos.