Cataluña suprime una administración pública
El parlamento catalán acuerda sin ningún voto en contra la supresión del Consejo Comarcal del Barcelonès sin aclarar que pasará con su deuda
El parlamento catalán aprobó este miércoles la supresión del Consejo Comarcal del Barcelonès (CCB). Sus competencias serán asumidas por el Área Metropolitana de Barcelona y por otras administraciones supramunicipales. Es la primera administración pública catalana que se disuelve en los últimos treinta años.
La proposición de ley de ordenación del mapa comarcal de Cataluña y de supresión del CCB se aprobó casi por unanimidad. Se registraron 125 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones de la CUP.
La ley de supresión del CCB prevé la creación, antes de tres meses, de una comisión mixta integrada por representantes de la Generalitat, de los municipios, del actual consejo comarcal y del Área Metropolitana. Se encargará de gestionar la liquidación de la institución y el traspaso de sus competencias.
El CCB se constituyó en 1988 para encargarse de servicios supramunicipales de los municipios de Barcelona, Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y Santa Coloma de Gramenet.
Todos están por la supresión
Joan García (Ciudadanos) destacó que la supresión del CCB es «la primera ley sustancial que se aprueba en esta legislatura». El conflicto político catalán sobre la independencia frenó la actividad legislativa.
Anna Erra (JpC), que actuó como diputada relatora de la ponencia de la ley, recalcó que «se trata de un caso excepcional” porque las comarcas “representan la realidad del país”. Insistió en que los consejos comarcales “ tienen más sentido que nunca porque mancomunan servicios que ofrecen los municipios».
Desde la CUP, Carles Riera señaló que su grupo está de acuerdo en suprimir el consejo, pero ha consideró «sospechoso» que algunos partidos no quieran que se produzca la disolución efectiva hasta después de realizar una auditoría.
El CCB cerró el ejercicio de 2017 con una deuda bancaria de 56 millones de euros. Además, sus empresas públicas acumulan deudas de 30 millones de euros, según la CUP. La comisión mixta deberá decidir qué pasa con este pasivo.
La Sindicatura De Cuentas catalana detectó diversas irregularidades en su gestión entre los años 2005 y 2011. Este consejo siempre contó con un presidente del PSC.
