Cataluña sanciona con 430.000 euros a Cabify por cesión ilegal de trabajadores
Inspección de Trabajo en Cataluña detecta la situación irregular de 120 empleados que prestaban trabajo para la compañía madrileña de transporte bajo unas condiciones laborables desfavorables
Un conductor de Cabify limpia su vehículo en Barcelona. EFE
Cabify ha vuelto sufrir un nuevo revés en Cataluña. Inspección de Trabajo ha impuesto este miércoles una sanción de más de 431.000 euros a la compañía madrileña de VTC por la cesión ilegal de trabajadores. En plena batalla jurídica sobre la presencia de la aplicación móvil de transporte en la comunidad autónoma, la Generalitat ha colocado bajo la lupa el sistema de contrataciones que ha ideado para operar por las ciudades catalanas.
Los funcionarios públicos han propuesto esta sanción tras detectar las condiciones laborales en las que estaban trabajando un total de 120 empleados que conducían vehículos para Cabify, pero cuyos contratos pertenecían en realidad a otras empresas dedicadas al transporte o a la selección de personal. Su sueldo, sus días de vacaciones o sus permisos laborales eran inferiores a los que les correspondería bajo el convenio colectivo negociado para la plantilla de la aplicación móvil.
Los empleados pertenecían a la empresa de trabajo temporal JT Hiring y a dos compañías de transportistas, López Rubio y Proinvertia. La primera se enfrentará a una sanción de 60.000 euros por haber accedido a esta cesión irregular de empleados, mientras que las otras dos encaran una multa de hasta 243.745 euros. En total, Inspección de Trabajo ha propuesto castigos por valor de 735.000 euros a todos los implicados en este entramado.
La sanción contra Cabify no solo supondrá un golpe económico directo, sino que también puede acarrear consecuencias a largo plazo. Inspección de Trabajo comunicará por carta a todos los trabajadores implicados que pueden solicitar entrar de forma oficial en la plantilla de Cabify. Al ser una infracción de carácter grave, la ley les abre la puerta que exijan jurídicamente ser contratados, si queda acreditada una relación laboral.
La decisión podría forzar a la compañía madrileña de VTC a incorporar ahora de golpe a 120 personas directamente a su plantilla y brindarles las condiciones laborales que tienen el resto de sus trabajadores por el convenio colectivo.
La Generalitat involucra a Trabajo en su batalla legal con Cabify
La ofensiva de la Inspección de Trabajo abre una vía más en la batalla que la Generalitat mantiene abierta con las compañías VTC que operan vehículos de transporte en Cataluña. Tanto Uber como Cabify ya anunciaron en enero 2019 su salida de la región, después de que el Gobierno catalán aprobase un decreto que establecía un plazo mínimo de espera de 15 minutos para recoger a los clientes. Los cambios pusieron patas arriba su modelo de negocio.
Sin embargo, la compañía madrileña volvió a operar tres meses después en la comunidad autónoma gracias a una artimaña jurídica para saltarse la normativa catalana. Desde entonces, solo acatan ese intervalo de un cuarto de hora con el primer servicio que contrata un usuario. Después, ya pueden solicitarse de forma inmediata con cualquiera de los vehículos que están repartidos por la ciudad.
Su nuevo protocolo tensó la cuerda con la Generalitat que ahora ha recurrido a Inspección de Trabajo para buscarles las cosquillas por otra razón: su sistema irregular de contrataciones. La sanción se ha comunicado en un momento clave para el sector del transporte, cuando Uber acaba de comunicar que también regresa a Barcelona, despertando las críticas de los taxistas tradicionales que han alzado la voz contra lo que consideran una competencia desleal.
