Cataluña prepara exigencias económicas a Sánchez por 32.400 millones
Los socios independentistas de Moncloa ultiman reclamaciones para la reapertura de la negociación bilateral, como un fondo para cubrir la inversión en infraestructuras o mayores recursos fiscales
Encuentro entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès / Generalitat
La siempre exigente negociación de los partidos independentistas catalanes con el Gobierno de Pedro Sánchez no se detiene a pesar de las citas electorales. La mayoría absoluta del PP en Andalucía y el previsible cambio de tornas en la política española no ha impedido que las formaciones que gobiernan Cataluña estén preparando una nueva batería de reclamaciones económicas al PSOE para el último tramo de legislatura, a las puertas de la convocatoria que la Mesa bilateral Estado-Generalitat, que se reactivará una vez haya amainado la tormenta ‘Pegasus’.
Pese a que fuentes de la Generalitat contemporizan con los resultados del 19J y aceptan que van a ser difíciles grandes concesiones por parte de Sánchez, en las últimas semanas se están ‘rearmando’ con nuevas reclamaciones económicas desde diferentes consejerías catalanas: estos serán los principales puntos de la agenda cuando el equipo de Sánchez se reúna con el del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
Y estas reclamaciones, en las que han estado trabajando los departamentos de la Generalitat, suman alrededor 32.300 millones de euros. El grueso de esta cantidad corresponde a una actualización del llamado ‘déficit fiscal catalán’, es decir, lo que pagan de más en impuesto los catalanes y que no se devuelve en términos de gastos e inversiones del Estado en el territorio. Son los cálculos que viene engrosando el equipo del consejero de Economía, Jaume Giró, integrado en el JxCat de Carles Puigdemont.
También alineado en esta formación, desde la vicepresidencia de Jordi Puigneró, se está reclamando para solucionar una presunta deuda del Estado en Cataluña de 12.383 millones en ámbitos como las infraestructuras, por inversiones no realizadas en los últimos años.
En este campo, Junts ha encontrado firmes aliados tanto en ERC, que exige la creación de un Fondo de Infraestructuras de 4.000 millones para cubrir incumplimientos presupuestarios, como en los Comuns de Ada Colau que, a pesar de formar parte del Gobierno de España, reclaman la creación de una Oficina para computar los incumplimientos económicos del Estado en Cataluña.
La negociación entre Moncloa y Generalitat
Públicamente, la Generalitat aparenta distancia con Sánchez y sus ministros. De puertas para adentro, Moncloa y el ejecutivo de Pere Aragonès mantienen canales abiertos. Un ejemplo concreto ha visto recientemente con la reunión entre el consejero Jaume Giró y la ministra Nadia Calviño para tratar el rescate público a Celsa.
Más allá de aspectos puntuales, la administración catalana no deja de actualizar, junto a partidos y entidades independentistas, su carpeta de demandas (Déficit fiscal e infraestructuras) a la espera del retorno del diálogo, que debe reactivarse en fechas próximas. El reencuentro pasa por un organismo como la comisión bilateral Estado-Generalitat, con el déficit fiscal e infraestructuras en los primeros puntos del orden del día.
Cataluña reclama un déficit fiscal de 20.000 M€
Los cálculos de la Generalitat sitúan en 20.000 millones, el déficit fiscal de Cataluña. Según las fuentes del departamento de Economía, gran parte de las previsiones se basan en los datos que el Estado ha facilitado hasta el 2017. Desde su llegada al Govern, Jaume Giró ha vendido el discurso que la corrección del déficit fiscal «es una causa común». Un intento (sin éxito) de captar apoyos que salten los muros del independentismo.
Al contrario del independentismo más radical, organizado alrededor de la frase Espanya ens roba, Giró adopta una postura más pragmática y en algunos momentos, más próxima al presidente Pere Aragonès que a Junts. De vez en cuando, el antiguo dirigente de La Caixa realiza alguna proclama ideológica, pero a la vez es consciente que gran parte del futuro económico pasa por jugar en la liga del sistema autonómico.
El juego de equilibrios en Moncloa
El Gobierno de Pedro Sánchez ni acepta ni rechazada del todo los planteamientos de la Generalitat, en el momento de hablar del déficit fiscal. Moncloa, fiel al juego de equilibrios denominado como geometría variable, juega a buscar un punto de encuentro. Sánchez y el resto de ministros y ministras no hablan de grandes cifras, sino de aspectos concretos como infraestructuras.
Una actitud que choca con los planteamientos realizados desde las delegaciones socialistas y de Podemos en Cataluña. En la campaña electoral de las últimas elecciones catalanas, Salvador Illa pidió una quita de deuda y, recientemente, Jaume Asens ha planteado la creación de una oficina técnica para remediar «la sensación de abandono económico» en territorio catalán.
La parte catalana cifra en 12.383 M€ la falta de inversiones
A falta de una convocatoria oficial, el grupo técnico de la Generalitat para la comisión bilateral ya ha hecho los deberes. Formado por representantes de los departamentos de Presidencia, Relaciones Institucionales y Parlament, Economía y Hacienda, los responsables de la administración catalana exigen un plan para revertir los 12.383 millones del déficit de inversiones.
Sin dejar este ámbito, la Generalitat considera «inadmisible» que, según su criterio, Cataluña continúe en la cola de la ejecución de obra pública. Las mejoras en el sistema de Cercanías o el Corredor Mediterráneo son dos de las actuaciones estratégicas que el Govern advierte que se tienen de abordar urgentemente.
ERC acusa el PSOE «de batir récords negativos del PP»
El posicionamiento de ERC, con relación al tema del déficit, no ha venido ni de Pere Aragonès ni Oriol Junqueras. El candidato de los republicanos a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha cogida el timón de la reivindicación republicana. «No hablamos de promesas políticas, nosotros hablamos de leyes votadas y aprobadas en el Congreso de los Diputados en los últimos doce años», exclama Maragall. El exconsejero de Educación también ha acusado el PSOE «de batir récords negativos de los gobiernos del Partido Popular».
