Cataluña pide al Estado un salvavidas anticrisis de 15.000 millones

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este viernes que va a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez una partida de 15.000 millones de euros para que Cataluña afronte la «emergencia económica» tras la crisis del coronavirus. 

Torra ha explicado que planteará la petición en la reunión semanal que mantiene Sánchez con el resto de presidentes autónomicos y que se celebrará este fin de semana. 

La partida se dividiría en cuatro partes: 5.000 millones correspondientes a sufragar los «costes sanitarios» asumidos por la Generalitat durante la crisis; otros 5.000 que debería pedir el Ejecutivo a la Unión Europea «en nombre de Cataluña»; 2.500 millones en deuda que asumiría la Generalitat si se relaja el techo de gasto y otros 2.500 de liberar remanentes de los ayuntamientos.

Sin «confianza» para la mesa de diálogo

Sobre la mesa de diálogo entre el Govern y la Generalitat, condición sin la cual ERC no hubiera dado el sí a favor de la investidura de Sánchez y que ha sido paralizada durante el estado de alarma, Torra ha señalado que «hace falta un clima de confianza» que ahora «no hay». 

Sobre todo, «después de ver todo lo que ha pasado en estos dos meses y medio» de confinamiento. El presidente catalán ha afirmado que «ninguna decisión» del Gobierno ha sido comunicada con antelación a las comunidades autónomas, por lo que el espíritu de «cogobernanza» ha sido «cero» durante la crisis sanitaria. 

En este periodo, Torra ha criticado que la «unilateralidad» haya guiado las decisiones del Gobierno. «Hoy uede estar diciendo esto y dentro de dos semanas puede haberlo cambiado. Es un poco triste, pero es así», ha señalado Torra.

Hasta la fecha, la única cita de la mesa de diálogo se celebró a finales de febrero, justo antes del inicio de la pandemia en España. Tras la activación del estado de alarma fue paralizada, mientras que Sánchez estipuló unas reuniones semanales con los presidentes autonómicos que ha sido duramente criticada por los mismos por la falta de flexibilidad del Ejecutivo en torno a la aplicación de las medidas anticrisis.