El PDeCAT esconde sus vínculos con CDC para eludir el caso Palau

El PDeCAT ha evitado cualquier valoración pública oficial a la reacción a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Palau al considerar que la formación no es «continuadora» de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya. La formación intenta así esconderse del varapalo judicial que confirma que CDC deberá pagar 6,6 millones de euros para devolver las comisiones ilegales cobradas a través del Palau de la Música. 

El Partit Demòcrata, que se fundó en el mismo recinto donde se puso en «hibernación» a CDC, insiste en desmarcarse. Fuentes de la formación aseguran que las sedes de Convergència «nunca han sido propiedad del PDeCAT, no han sido sedes del PDeCAT», pese que el antiguo edificio de la calle Provença de Barcelona se usó como sede a pesar de estar a nombre de la formación de Jordi Pujol. También, sedes locales convergentes que pasaron de facto sin más a su sucesor.

Desde el partido usan un fragmento de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona para justificar distancias con CDC, donde se señalaba que «la presunta sucesora no ha sido llamada en este procedimiento para poder exponer aquello que tuviera por conveniente en cuanto a la realidad o no de dicha sucesión y defenderse» así de la «reclamación del abono de la cantidad cuyo comiso se acuerda en la presente resolución».

La sentencia añadía, según destacan desde el PDeCAT: «En todo caso, de haberse producido una sucesión, lo cual es negado por la defensa de CDC, la misma podrá plantearse y dilucidarse, una vez acreditada, mediante el correspondiente incidente sustanciado en ejecución de sentencia«. 

¿Partidos distintos?

Pese a que el PDeCAT niega cualquier vínculo, el partido sucesor de Convergència ha vivido sobre los cimientos de la desaparecida formación. Se fundó en el Fòrum de Barcelona en el Congreso del 8, 9 y 10 de julio de 2016, el mismo en el que se votó la clausura de CDC. Desde entonces, muchos grupos de representación política fueron absorbidos por la recién estrenada formación.

Muchos grupos municipales de CiU pasaron a ser PDeCAT, y lo mismo sucedió con los diputados y senadores en las Cortes en 2016, que se habían presentado como Convergència apenas un mes antes. Tampoco hubo renovación de caras puesto que Artur Mas asumió la presidencia del nuevo partido hasta su dimisión precisamente por el caso Palau. 

Las sedes también son un ejemplo de ello, puesto que las primeras semanas de existencia del PDeCAT su ejecutiva se reunían en la histórica sede de la calle Còrsega. Incluso después se desplazaron a la sede de Provença, que era propiedad de CDC hasta que se vendió en 2018. 

En el ámbito judicial, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata imputó al PDeCAT en la causa del 3% al considerar que había sucesión de empresas entre ambas formaciones. La formación heredera de Convergència tuvo que publicar un comunicado en el que se desvinculó de la corrupción de su antecesor y donde insistía en que el Partit Demòcrata «no se había constituido» cuando se produjeron los hechos. 

En las distintas contiendas, el PDeCAT se ha presentado bajo el paraguas de JxCat, la marca electoral de Carles Puigdemont, que sobre el papel es una coalición electoral entre CDC y su formación heredera. El motivo de este acuerdo era poder beneficiarse de los derechos electorales del partido fundado por Jordi Pujol y así poder heredarlos. 

Caso Palau

Además de los pagos ilegales de CDC, el Tribunal Supremo también confirmó la condena a Daniel Osàcar, extesorero de Convergència, aunque le reduce en once meses la pena de prisión que le impuso la Audiencia de Barcelona en diciembre de 2017: de cuatro años y cinco meses pasa a tres años y medio, si bien le mantiene íntegra la multa de 3,7 millones de euros por el delito de blanqueo de capitales.

A Osàcar se le rebajó la condena de cárcel en once meses porque “no consta acreditado” el delito de tráfico de influencias. A causa de su avanzada edad, difícilmente entrará en la cárcel. La sentencia confirmó las condenas para los principales acusados del saqueo del Palau de la Música impuestas por la Audiencia de Barcelona: la pena de 9 años y 8 meses de prisión, y multa de 4,1 millones de euros, para Félix Millet;  y la de 7 años y 6 meses de prisión, con multa de 2,9 millones de euros, a Jordi Montull.