Casado y Sánchez, incapaces de pactar con sus barones un criterio de financiación autonómica

Que cada partido defienda un único criterio respecto a financiación autonómica. Así lo anunciaron hace meses las respectivas direcciones nacionales de PP y PSOE de cara a facilitar la negociación con el Ministerio de Hacienda. Pero no ha sido así.

Por un lado, Pablo Casado sólo ha reunido a sus consejeros de Hacienda, nada de barones; mientras que Pedro Sánchez acordó con sus presidentes autonómicos unos puntos básicos que no solucionan la disparidad de criterios. PP y PSOE fracasan en fijar una posición de partido, mientras que en Hacienda ven «justos» los tiempos respecto a su promesa de presentar un nuevo de modelo de financiación antes del 30 de noviembre. El lío de la financiación autonómica se enquista todavía más.

Este martes, ocho líderes territoriales de PP y PSOE intentarán fijar un único criterio sobre financiación que sigue enfrentando al resto de barones de ambas formaciones. «Aquí no existe un criterio de partido, sino de solidaridad entre comunidades», responden algunos presidentes autonómicos consultados por Economía Digital.

Ocho presidentes autonómicos, los de Galicia (Alberto Núñez Feijóo-PP), Aragón (Javier Lambán-PSOE), Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco-PP), Castilla-La Mancha (Emiliano García Page-PSOE), Extremadura (Guillermo Fernández Vara-PSOE), La Rioja (Concha Andreu-PSOE), Cantabria (Miguel Ángel Revilla-PRC) y Asturias (Adrián Barbón-PSOE), intentarán pactar un frente común sobre financiación para negociar un nuevo modelo con la ministra de Hacienda.

Desde otros territorios desvelan a Economía Digital que también estarán con la «vista puesta» respecto a lo que sucede en este cónclave porque «es un asunto que nos atañe a todos», insisten. Asimismo, recuerdan cómo en la cumbre de 2018 este bloque ya pactó los criterios para el modelo, citando algunos como costes fijos, la orografía, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la baja tasa de natalidad, o el envejecimiento de la población.

Este grupo de líderes autonómicos encabezados por Alberto Núñez Feijóo aboga por una financiación especial encaminada a compensar la dispersión y la baja densidad de población, y también de uno de los puntos polémicos de las últimas semanas avivado por el Gobierno, la descentralización de nuevos organismos para su implantación en otros territorios menos poblados fuera de la capital madrileña, algo que irrita a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La división de criterios

La reunión de este martes supone una ‘piedra en el camino’ para algunos porque la división de criterios es clara: además del modelo ya explicado, que defiende una financiación en base a los servicios públicos fundamentales, se encuentra el llamado ‘Eje mediterráneo’ representado por la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia.

Sus líderes, Ximo Puig, Juanma Moreno y Fernando López Miras, respectivamente, reclaman un revisión de los criterios de la denominada población ajustada y mecanismos de nivelación. Las tres comunidades se consideran infrafinanciadas con el actual modelo y forman un eje mediterráneo que apuesta por remodelar el sistema de financiación autonómica de forma urgente y, mientras se alcanza un acuerdo, reclaman que se ponga en marcha un fondo transitorio de compensación que se prorrogue automáticamente hasta la entrada en vigor del nuevo método de financiación.

Puig también selló el pasado mes de julio un acuerdo con el Gobierno de Baleares, presidido por la socialista Francina Armengol, en el que defienden la necesidad de mejorar el modelo territorial de España y de avanzar hacia una mayor «cogobernanza» y un mayor federalismo en las relaciones entre las autonomías y el Ejecutivo central, lo que debe reflejarse en una mejor distribución de recursos.

En el caso balear, la negociación del sistema de financiación autonómica coincide con la puesta en marcha de la aplicación del Régimen Especial de Baleares (REB), aprobado por el Gobierno en 2019 para compensar el factor de insularidad y por el que recibirá 183 millones de euros en 2022 (de ellos 73 como compensación por los dos años -2020 y 2021- en los que no se había aplicado).

La otra comunidad insular, Canarias, también tiene un régimen fiscal propio, pero sí pertenece al régimen común, por lo que su presidente, el socialista Ángel Víctor Torres, reclama que las singularidades del archipiélago queden expresadas de forma clara dentro del nuevo sistema de financiación. En este sentido, Torres cree que la población ajustada y las tasas de pobreza y desempleo son los parámetros que se deben de tener en cuenta para reformar la financiación autonómica.

Cataluña también se suma a la reivindicación de Puig y Armengol asegurando que el modelo actual de financiación ofrece recursos «insuficientes» para la comunidad. No obstante, Pere Aragonès evita comprometerse a constituir un frente común con otras comunidades con intereses parecidos porque el «planteamiento político de futuro» del Gobierno catalán pasa por la autodeterminación, y no por la reforma de la financiación.

«El horizonte político que nosotros planteamos es un referéndum sobre la independencia», recalcó Aragonès. El País Vasco y Navarra, por su parte, no están dentro del régimen común, sino del régimen foral y con su propio concierto económico.

Mientras que la Comunidad de Madrid, por su parte, presidida por la popular Isabel Díaz Ayuso, entiende que es la que más aporta al sistema de financiación autonómico y públicamente ha asegurado que «tiene que seguir siendo así», pero, en su opinión, «no siempre es la mejor tratada».

Ante las acusaciones de que practica «competencia fiscal» con el resto de España, Díaz Ayuso también ha esgrimido que no va a subir los impuestos a los madrileños y que «peleará por lo mejor» para la región en el debate sobre la financiación autonómica ya que «cuanto mejor le vaya a Madrid, mejor le va a ir al conjunto de España».

En este sentido, la presidenta madrileña rechaza que algunas comunidades autónomas quieran tener una relación prioritaria con el Gobierno: «No se puede tratar en mesas bilaterales con los independentistas porque no se van a contentar jamás ni están buscando el beneficio del conjunto de España, cosa que nosotros sí hacemos».

Malestar y desconcierto con Hacienda

La ‘guerra’ entre comunidades traspasa los partidos, pero más allá de la disparidad de criterios si hay algo que ha molestado a unos y otros es el «bienquedismo» de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, según han acusado algunos líderes autonómicos desconcertados con la exportavoz del Gobierno. «No sabemos por dónde está orientando su reforma porque, tanto a unos como a otros, nos da la razón» en cuanto a los criterios, señalan desde Andalucía.

«Nos dice que podemos estar tranquilos y que el criterio base será el de población ajustada, y luego escuchamos a la ministra decir que también primará la dispersión y la baja densidad poblacional», aseguran desde la Junta que, reconocen, no saben con qué carta quedarse.

«La despoblación, como la población flotante por el turismo, la edad de los ciudadanos o cuestiones como la dispersión geográfica o el peso de los costes fijos en cada territorio, servirán para ajustar el criterio poblacional», dijo en un acto Montero la semana pasada. La gran incógnita que Hacienda no quiere contestar, en las reuniones que mantiene con las distintas comunidades a puerta cerrada, es cuánto de ajustado será el criterio poblacional en el nuevo sistema de reparto per cápita.

Tal y como publicó Economía Digital, en Moncloa señalan que la pretensión es lograr «avances» ya este mismo año, pero admiten que abordar todos los puntos llevará trabajar sobre la reforma «a lo largo de toda la legislatura«, es decir, 2023, y admiten que no saben si dará tiempo a cerrarla en su totalidad antes de que finalice.

El PP rechaza la reforma fiscal que pide Montero

Impulsar un nuevo modelo de financiación autonómica se ha convertido en la nueva ‘patata caliente’ de los partidos porque nadie quiere defender un único criterio entre sus filas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez parece haber encontrado la fórmula mágica para que nadie pierda dinero con el cambio y se trata de inyectar más dinero de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sin saber, por el momento, de dónde lo sacará, ya que cada partida está estrictamente medida.

Sin embargo, la propia ministra Montero deslizó la semana pasada que será necesaria «una reforma fiscal que dote de más recursos a las CCAA, bien mediante transferencias o bien mediante una mayor capacidad normativa».

Lo que se podría traducir en una subida de impuestos que el PP abomina y asegura a Economía Digital que rechazará, «viendo nuestra política de bajada de impuestos en todas nuestras comunidades», señala un diputado popular. Pese a que Madrid, por ejemplo, en absoluto tiene entre sus prioridades la reforma de la financiación, sí es un asunto crucial para Andalucía o Murcia, donde también gobiernan los populares.

A tan solo una semana de que Montero anuncie el nuevo borrador con el sistema de reparto entre comunidades, ni el Partido Popular ni el PSOE han podido/sabido fijar con sus barones una propuesta de partido que defender ante Hacienda. En cambio, dirigentes de distinta adscripción política como Juanma Moreno y el propio Ximo Puig o Alberto Núñez Feijóo y Javier Lambán no han dudado en escenificar su sintonía. 

Población ajustada: el primer borrador de Hacienda

La primera variable de la reforma del modelo hace referencia a la distribución en base a la población, para ponderar el peso de la dispersión, la insularidad, los cohortes de edad (mayores de 45 años y población infantil), los mayores y los jóvenes en la presión de los servicios públicos, así como en el medio rural abandonado.

Los principios de la reforma del modelo marcados por Hacienda, en los que coincide el PP en su práctica totalidad, pasan por la suficiencia financiera, el principio de equidad, la lealtad institucional, la autonomía financiera, la corresponsabilidad fiscal, la solidaridad, la estabilidad presupuestaria, la sostenibiliidad financiera, la transparencia y la multilateralidad.

La disyuntiva se resolverá en un primer borrador en una semana, pero aún quedará toda una reforma por negociarse por bloques al menos lo que resta de legislatura y, a tenor de los posicionamientos actuales, la próxima legislatura.