Casado propone reforzar a la inspección educativa para garantizar «el fin del adoctrinamiento»

Casado quiere ampliar el control del Estado en la educación para acabar con el "falseamiento" y garantizar la "libertad lingüística" en la educación, e impulsará una ley de lenguas que impida discriminaciones por el uso de los idiomas cooficiales para el acceso a la función pública

El líder del PP, Pablo Casado, junto al líder del PPC, Alejandro Fernández, y las entidades en defensa del bilingüismo

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El líder del PP y jefe de la oposición, Pablo Casado, ha prometido reforzar la alta inspección educativa y la aprobación de una ley de lenguas este martes en Barcelona, tras reunirse con entidades en defensa del bilingüismo en Cataluña: «Se garantizará el fin del adoctrinamiento, la libertad lingüística a la hora de recibir educación determinado por la ley o la justicia».

«Se evitará la ineficacia que la alta inspección ha tenido hasta ahora por falta de personal o por rango normativo», ha remarcado Casado, que asegura que sería «plenamente garantista» con las competencias autonómicas. Recuerda que la LOCE, la ley educativa de Aznar que no entró en vigor con la llegada de Zapatero, ya preveía este escenario.

«Venimos a Cataluña con soluciones de un partido de Estado, para que se pueda seguir hablando catalán y castellano y para que no se boicotee un negocio de un castellanohablante igual que no se boicotea ninguno de un catalohablante», ha remarcado el líder del PP en el Congreso, que ha vuelto a insistir en la idea del «apartheid lingüístico».

También, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha asegurado que prefiere seguir en el poder a costa de dejar «desamparada a la familia» de Canet de Mar. También, ha disparado contra la Ley Celaá, que está recurrida ante el Tribunal Supremo, y ha asegurado que el PP aprobará una norma nueva si consigue llegar al poder.

Una declaración en el Congreso para condenar las agresiones en Canet

Casado también ha explicado que su partido ha registrado una declaración en el Congreso para condenar los ataques que ha recibido la familia acosada en Canet de Mar y para que se cumplan las sentencias judiciales: «Están usando la lengua como un instrumento de ingeniería». Además, llevarán el caso del menor tanto al Parlamento Europeo como al Consejo de Europa.

En cuanto a la norma para defender el uso del español en España, Casado ha asegurado que la ley de lenguas garantizará un acceso igualitario a la función pública: «No podemos usar la lengua para coartar. (…) Es un marco para que ningún catalán se vea perjudicado porque a su cirujano se le haya exigido hablar catalán antes que tener un doctorado».

El líder del PP quiere que el catalán sea un «mérito» que puntúe favorablemente, pero nunca un requisito como marcan ahora la Generalitat y algunas otras autonomías: «Además de conculcar la igualdad de acceso a la función pública iría en contra de los intereses de los ciudadanos, parece algo de sentido común».

También estaba presente el líder del PPC, Alejandro Fernández, que ha puesto en cuestión el principal argumento de los nacionalistas catalanes sobre que la inmersión lingüística ha sido un gran logro: «La inmersión, a parte de ser ilegal, no es un modelo de éxito».

«La lengua se ha identificado con una lengua que pasa a ser antipática y alejada de los jóvenes», ha denunciado Fernández. Además, ha criticado que toda la producción cultural en catalán sea afín al «régimen político»: «Josep Pla o Serrat no necesitaron nunca una subvención para llevar el catalán al mundo».

El PP pide la aplicación de un 155 educativo en Cataluña

También, ha vuelto a pedir al gobierno que si la Generalitat persiste, «se inicie el procedimiento para aplicar el artículo 155 de la Constitución» en materia educativa. Ha ejemplificado con el caso de Canarias en 1989 ante un «incumplimiento del régimen de la autonomía». «Esto no es la Brunete que viene a Cataluña», ha ironizado Casado sobre las críticas recibidas.

Preguntado sobre qué le parece que la Generalitat vaya a participar en la manifestación en contra del 25% de castellano, Pablo Casado ha sido tajante: «Que se atenga a las consecuencias». «En el Govern deberían saber que el Estado de Derecho funciona, y si un juez lo decide, nosotros sí que respetamos a la justicia. No son unos seres superiores que están encima de la ley».

Casado se ha reunido con las entidades Asamblea por una Escuela Bilingüe, Impulso Ciudadano, Societat Civil Catalana, S’ha Acabat!, AMES y AMPAS Paralelo en el hotel Grand Marina de Barcelona. Una reunión que se produce después del histórico fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC), que obliga a que al menos un 25% de las clases sean en castellano.

La polémica por la inmersión lingüística se ha agrandado con las denuncias de acoso a una familia por pedir educación bilingüe en el colegio Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona). Una situación inédita en la que independentistas radicales llegaron a pedir la exclusión del menor en el centro y el apedreo de la casa de los padres y el alumno de P5.

Pese al acoso recibido, el conseller de Educación, Josep González-Cambray, únicamente se desplazó al centro para reunirse con la dirección y las familias que apoyan la educación monolingüe solo en catalán, obviando a la familia del 25%. «No hay ningún problema con la lengua», explicó mientras se negaba a responder preguntas en español.

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