Casado pondrá a prueba a Sánchez con el delito de sedición
El PP propondrá cambios en el Código Penal en línea con la propuesta de retocar el delito de rebelión lanzada por Sánchez cuando aún estaba en la oposición
La primera iniciativa que el PP presentará en el Congreso en la etapa que el partido arranca ahora con Pablo Casado como nuevo jefe de filas será proponer la recuperación de los delitos de sedición impropia y de convocatoria ilegal de referéndums, a modo de vacunas contra eventuales nuevos intentos independentistas de regresar a la vía unilateral que ya se transitó el año pasado.
Casado, que ya había abogado por volver a tipificar esos delitos, ha presidido este jueves en Barcelona la primera reunión del nuevo comité ejecutivo nacional del PP, y ha aprovechado para anunciar que su primera propuesta parlamentaria será pedir más mano dura contra el soberanismo. El nuevo líder de los populares aboga por situar el conflicto en Cataluña como eje principal de sus políticas, y disputarle así a Cs el liderazgo del constitucionalismo.
Pero la maniobra es también una forma de meterle el dedo en el ojo al PSOE y Pedro Sánchez, que se verían obligados a significarse sobre una modificación del Código Penal en línea con las la que el propio presidente del Gobierno había planteado antes de la moción de censura a Mariano Rajoy de actualizar el delito de rebelión. Y tendría que hacerlo en un momento en que Sánchez trata de escenificar un deshielo de las relaciones entre la Moncloa y la Generalitat y en que depende de los independentistas para tirar adelante casi cualquier votación en el Congreso.
La sedición impropia, suprimida en 1995
El primero de los dos nuevos delitos que propone el PP, el de sedición impropia, fue suprimido en 1995 con la reforma del Código Penal promovida por el entonces ministro socialista Juan Alberto Belloch.
Sí existe el de sedición, que prevé penas de hasta 15 años de prisión para aquellos que “se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.
El delito de sedición impropia contemplaba penas de seis a 12 años de prisión para quien atentara “contra la integridad de la nación española”
Es el delito por el que se procesa al ex mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y al resto de la cúpula de la policía catalana. También se acusó de sedición inicialmente al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el ex presidente de la ANC, Jordi Sànchez, finalmente procesados por rebelión, como el ex presidente catalán Carles Puigdemont y el grueso de los integrantes de su gobierno. El delito de rebelión precisa de un alzamiento público y violento.
La controversia sobre la existencia o no de violencia y la naturaleza de la misma en los hechos de septiembre y octubre del año pasado en Cataluña es la que alimenta la modificación penal que ahora plantea el PP. El delito de sedición impropia contemplaba penas de seis a 12 años de prisión para quien atentara “contra la integridad de la nación española”, aunque lo hiciera sin alzarse tumultuariamente y sin violencia.
La convocatoria ilegal, arma contra el plan Ibarretxe
Por su parte, la tipificación de la convocatoria ilegal de referéndum se llevó a cabo a instancias del PP en 2003, en la época de José María Aznar en la Moncloa, y preveía penas de entre 3 y 5 años de cárcel para las autoridades que convocaran sin tener potestad para hacerlo un referéndum, una consulta o una elecciones, y de 1 a 3 años para electos, altos cargos o funcionarios que colaboraran en su organización.
La inclusión de la convocatoria ilegal en el Código Penal se usó para poner freno al llamado plan Ibarretxe y, tras la llegada a la presidencia del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el delito fue derogado.
Distensión o mano dura
El PSOE nunca apostó por este tipo penal, más específico y contundente que el de desobediencia, por el que también se procesa a los líderes independentistas. Pero Sánchez anunció a mediados de mayo que el PSOE estaba estudiando modificar el delito de rebelión en el Código Penal de manera que para imputarlo no hiciera falta que existiera violencia, y la recuperación de la sedición impropia va precisamente en esa línea.
Claro que, tras su salto a la Moncloa, Sánchez ha priorizado la aplicación de una política de distensión, ni que sea en las formas, con la Generalitat. El plan del PP constituye la primera trampa para osos que Casado le tiende a los socialistas, porque les obligaría a mojarse en un asunto que, teniendo en cuenta esa nueva imagen de deshielo que se quiere transmitir y su extrema debilidad en el Congreso, en el que depende de los votos de Podemos, del independentismo catalán y del nacionalismo vasco, no podría antojarse más inoportuno para los intereses del Gobierno.
