Carmena paga a 22 enchufados sin estudios 40.000 euros anuales

El Ayuntamiento de Madrid tiene a 122 colocados a dedo como trabajadores eventuales y cargos de confianza que han saltado el principio constitucional de «igualdad, mérito y capacidad» para obtener empleos públicos. Los trabajadores no tienen otro mérito diferente que el de pertenecer o tener una ideología afín al partido que los enchufó. Y a los tradicionales colocados de PP y PSOE se han sumado los de Ciudadanos y Ahora Madrid.

La práctica del enchufismo y la colocación a dedo sigue más vigente aunque ahora el gobierno de Manuela Carmena ha decidido publicar los nombres y el currículum de cada uno de los colocados. Es una iniciativa liderada por el concejal Pablo Soto que pretende dar transparencia para que todos puedan conocer a los enchufados, conocidos como asesores en el lenguaje de la administración pública.

El Ayuntamiento se defiende al argumentar que ha reducido el número de enchufados en 30% en seis meses y que ha aplicado unos criterios de transparencia inéditos en otras administraciones. El gobierno de Manuela Carmena ha publicado el currículum y la experiencia profesional de los colocados a dedo pero ha omitido dos datos cruciales: el sueldo que cobran con complementos incluidos y las razones por las que los partidos han decidido contratar supuestos expertos cuyas capacidades no encontraron entre los 27.000 trabajadores municipales.

Funcionarios irritados

El cuerpo de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid siempre ha criticado –y en algunos casos denunciado— los nombramientos de libre designación porque defienden que la carrera en la administración pública debe hacerse con los criterios de igualdad, mérito y capacidad. Es decir, a través de concursos públicos y no por medio de designaciones a dedo a criterio de los partidos políticos.

En la lista de asesores expertos en diversas áreas, al menos 22 no tienen estudios universitarios y que pueden alcanzar, de media, unos 40.000 euros brutos anuales. «No criticamos que no tengan estudios, pero sí queremos saber en qué materia son expertos, qué saben ellos que no sabe ningún otro funcionario del Ayuntamiento, entre los más de 27.000 trabajadores. Y en ningún caso se ha justificado», explica Miguel Ángel Lorenzo, funcionario y portavoz de Somos Sindicalistas, el sindicato surgido al calor del 15-M y que rechaza este tipo de política laboral.

Buena parte de los trabajadores sin licenciatura justifican su falta de titulación con el pretexto de que están acabando el proyecto de final de carrera. Algunos de ellos lleva más de 16 años en ese proceso.

De dependientes a «organizadores de manifestaciones»

Los cuatro partidos cuentan con expertos asesores con currículums débiles. Un asesor de Ahora Madrid, por ejemplo, incluye omo mérito profesional haber participado en los encierros para pedir «Papeles para Todos» en el año 2000 y también para protestar contra la Guerra de Irak en 2003, unas condiciones que probablemente la agrupación de Manuela Carmena ha valorado de forma positiva para nombrarlo concejal presidente en Salamanca.

En el extremo ideológico opuesto, el Partido Popular mantiene como asesor a Ángel Carromero, el líder de las Nuevas Generaciones del Partido Popular, cuya única experiencia en el sector privado se limita a dependiente en El Corte Inglés. El resto de su carrera la ha desempeñado en el partido que lo ha beneficiado.

En los colocados del Partido Socialista abundan asesores y expertos sin graduado escolar y en el de Ciudadanos hay numerosos profesionales con amplio currículum académico pero que casi siempre han terminado al servicio del partido.

Los funcionarios de carrera están convencidos de que los asesores o trabajadores de confianza no son otra cosa que trabajadores a sueldo de los partidos políticos pero con cargo en los presupuestos públicos. Es decir, buscan en la administración pública una financiación irregular para el funcionamiento de su formación política.

La casi extinta UPyD ha sido el único partido hasta ahora que había utilizado a funcionarios públicos como asesores. Con la decisión, el partido no sólo evitaba enchufes sino que también contribuía en una reducción de gasto a los presupuestos municipales.