Carmena obliga a la policía a donar los alimentos de sus bares ilegales
El Ayuntamiento de Madrid denunció tres bares ilegales en la se de la propia policía municipal y ahora les obliga a donar la mercancía al Banco de Alimentos
El Ayuntamiento de Madrid ha denunciado a la Policía Municipal por regentar tres bares ilegales dentro de sus propias instalaciones y ahora ha obligado al cuerpo de policial donar todos los alimentos que se encontraban en los almacenes.
El gobierno municipal ha obligado a los agentes a donar al Banco de Alimentos 187 litros de leche, 37 cajas de agua, 47 kilos de chorizo y 42 kilos de queso, casi 30 kilos de café, latas de sardinas y de caballa, bote de conservas de fabada o de lentejas, y cajas de zumos y de refrescos que se encontraban en los bares. El Banco de Alimentos utilizará las donaciones para repartirlas entre familias vulnerables.
El gobierno de Manuela Carmena denunció ante la fiscalía el funcionamiento de tres bares ilegales dentro de las propias dependencias policiales. Los bares irregulares se encontraban en la Unidad de Escuadrón de Caballería (Puente de los Franceses), en la Unidad de Atestados de Tráfico (C/Plomo) y en la Unidad Especial de Tráfico (Avda. Planetario).
Contabilidad en B
El gobierno de Ahora Madrid los ha clausurado y ha anunciado la apertura de un proceso de concurso público para que los establecimientos cumplan la legalidad.
Los beneficios de los tres bares de la policía se guardaban en una caja B que se destinaban a gastos del cuerpo que no podían ser atribuidos a la contabilidad oficial. Entre los gastos de la contabilidad B se encuentran las Fiestas de San Juan, repostajes indebidos o coronas de flores para compañeros fallecidos.
Posibles delitos
El equipo de Manuela Carmena ha anunciado que algunos de los gastos asumidos por la caja B serán cargados a la contabilidad regular de la institución siempre y cuando sean legales.
Tanto los ingresos como los gastos de los bares han sido mezclados con recursos públicos, pero han estado al margen de los órganos de supervisión oficiales. El concejal de Seguridad, Javier Barbero, anunció que la práctica podría constituir un delito para los funcionarios implicados.
