Carmena lanza el mayor "ERE" público: liquidará a 4.000 interinos

La oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Manuela Carmena para cubrir los puestos de interinos es ya inminente. Pero la oferta masiva de plazas tiene perdedores: unos 4.000 empleados que llevan en su puesto en fraude de ley hasta 30 años, según cálculos de los sindicatos.

Este jueves se manifestaron ante el Ayuntamiento de Madrid «unas 150 personas» para protestar contra este «ERE masivo» que afecta a los trabajadores que son interinos actualmente. Según diversas fuentes sindicales este viernes saldrá la primera lista de plazas opositadas.

«Nos han explicado que van a sacar los listados por grupos. Primero van los de personal laboral temporal, que se convertirán en funcionarios y dos o tres semanas después los puestos de funcionarios interinos», explica un miembro del comité de empresa para la Agencia para el Empleo, organismo autónomo para el Ayuntamiento de Madrid.

Así, calculan que el personal laboral afectado en la primera convocatoria serán unas 2.000 personas. La publicación de los listados primero es interna y los afectados cuentan con 15 días para realizar alegaciones. «En el plazo de un mes el Ayuntamiento espera tener todas las convocatorias fuera«, explica la misma fuente.

Las administraciones públicas paralizaron la oferta pública con la crisis y utilizaron a los interinos en fraude de ley

La legislación española contempla un plazo máximo de tres años para este tipo de puestos de trabajo, pero las administraciones públicas paralizaron la convocatoria de ofertas de empleo público durante los años de crisis económica y utilizaron a los interinos durante más tiempo del permitido.

Eso quiere decir que una gran parte de estos trabajadores acumulan más de tres años en sus puestos, lo que significa que están ejerciendo su trabajo en fraude de ley, algo que Bruselas exige a España que arregle o amenaza con multas.

El problema que denuncian los interinos es que al abrir las plazas al concurso público de empleo para cumplir con la UE se sienten en desventaja por la edad y el tiempo disponible, ya que se tendrían que presentar a las pruebas al igual que el resto de interesados para un puesto que llevan ejerciendo hasta 30 años.

«Hay que entender la situación en la que estamos. Hay gente que lleva 27 años en el mismo puesto de trabajo, con cargas familiares y estamos en unos 50 años de edad, ¿a dónde vamos si perdemos el trabajo?», se lamenta uno de los afectados que explica que su examen tendría que haber sido en 2007.

Economía Digital se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Madrid pero no ha obtenido respuesta.

Manifestación nacional

El Ayuntamiento de Madrid firmó el pasado septiembre con los sindicatos CCOO, UGT y Citam los criterios para las convocatorias de las oposiciones masivas, pese al rechazo de los propios empleados. Sólo los interinos en situación de jubilación parcial podrán salvar su puesto de trabajo hasta su jubilación definitiva.

Además, la mayor convocatoria de empleo público de los últimos años no contempla ninguna partida presupuestaria, con lo cual los trabajadores interinos que pierdan su puesto de trabajo tendrán derecho a paro pero no recibirán indemnización.

Al igual que el Ayuntamiento de Carmena, los presupuestos de Pedro Sánchez -que al final no han sido aprobados- tampoco llevaban presupuestado dinero para las indemnizaciones de los interinos que pierdan su puesto de trabajo.

Somos Sindicato, que se negó a firmar las convocatorias con el Ayuntamiento, calcula que a nivel estatal «hay unos 600.000 interinos» de los que una gran parte llevan trabajando más de tres años.

«Lo que pedimos es que se apruebe un concurso de méritos en el que se tenga en cuenta el tiempo trabajado o que se mantenga a estos trabajadores hasta la extinción», reclama Miguel Ángel Lorenzo, portavoz de Somos Sindicato. Lorenzo explica que los interinos que pierdan su puesto «van a denunciar», como ya han hecho algunos, lo que explica «llevará un alto coste para las administraciones».

«Lógicamente iremos a los tribunales. Al final todo el trabajador que esté en fraude de ley va a denunciar, con el coste que eso conllevará para las administraciones públicas, ya que Europa está concediendo las indemnizaciones», explica. De momento, el sindicato explica que 6 de abril hay convocada una huelga a nivel estatal.