Carmena atrapa en un préstamo de 111 millones a 355 cooperativistas

Las dos posturas antagónicas que, en materia de urbanismo, mantienen los integrantes de Ahora Madrid, la coalición que gobierna el Ayuntamiento de Madrid, empiezan a tener consecuencias muy desagradables para los vecinos.

Unos no quieren que, ni por asomo, se pueda dar continuidad a ninguno de los proyectos provenientes de los gobiernos del PP, mientras que, otros, se muestran más flexibles y menos intransigentes, aviniéndose a tratar de que las actuaciones puedan, de alguna manera, salir adelante.

Divergencias que amenazan con resultar muy perjudiciales, con riesgo de que millonarias inversiones ya efectuadas puedan quedar encalladas, como esos 111 millones pagados por un grupo de 355 cooperativistas de la sociedad Residencial Maravillas para autoconstruir sus viviendas.

En este caso, ya no se trata de que, como sucede en la operación Chamartín, el Ayuntamiento presidido por Manuela Carmena apruebe o no el plan para que BBVA y San José compren a Adif, por más de 1.000 millones, los terrenos, sino de una parcela –la adquirida, en noviembre de 2014, al Ministerio de Defensa para acometer un proyecto residencial de 300 viviendas, junto al paseo de la Castellana de Madrid– que hasta tiene plan parcial aprobado definitivamente por el propio consistorio.

Inacción dilatoria

El que, a pesar del voto en contra de la mitad de los concejales de Ahora Madrid, obtuvo el visto bueno del Pleno municipal el pasado 27 de noviembre. Cinco meses después, en la parcela no se ha movido nada.

Ahí siguen los edificios de Defensa sin viso alguno de que la piqueta los vaya a demoler, ante las largas que el Ayuntamiento está dando para firmar el necesario convenio de gestión para acometer el plan.

Los cooperativistas que, ante el cambio de gobierno en el Ayuntamiento, temieron por su proyecto, respiraron entonces aliviados, pensando que todo se solucionaría de manera satisfactoria para sus intereses. Que los 111 millones invertidos en comprar el terreno, mediante un préstamo, empezarían a dar sus frutos de manera inmediata. Nada más lejos de la realidad.

Estrategia para impedir acometer el proyecto

Movimientos ecologistas y defensores del patrimonio histórico pusieron en marcha una estrategia para tratar de impedir que el plan parcial se llevara a término. Registraron una petición dirigida al concejal de Desarrollo Urbanismo Sostenible, José Manuel Calvo, de cara a incluir las antiguas instalaciones militares de Raimundo Fernández Villaverde dentro del catálogo de edificios con nivel de protección integral, además de proteger la singularidad de los árboles que existen en la finca.

A partir de aquí, todo la tramitación necesaria para acometer el proyecto residencial entró en una dinámica dilatoria que, ahora, los cooperativistas, hartos de esperar, han denunciado ante la opinión pública, dejando caer que, si la respuesta al escrito de disconformidad remitido al Ayuntamiento de Madrid no resulta convincente, tomarían medidas legales para intentar defender sus intereses.

Desvirtuando la actuación

«La gota que ha colmado la paciencia ha sido la intención de convertir una plaza privada del proyecto en pública», apunta una portavoz de la sociedad cooperativa.

En ese convenio pendiente se deben definir cuestiones como las cesiones al Ayuntamiento de las zonas verdes y otras dotaciones, como la del 10% del aprovechamiento lucrativo de la parcela, la materialización de la superficie destinada al realojo de un inmueble colindante o la monetización de las redes locales.

Cuestiones que los cooperativistas ya habían pactado, tanto con Defensa como con la anterior corporación presidida por Ana Botella, y que, ahora, los nuevos responsables de Urbanismo, se niegan a refrendar. Exigen más.

Más exigencias

Además convertir el espacio de patio privado interior en un lugar de estancia pública, pretenden recibir la compensación de las redes locales prevista en la normativa urbanística, no en dinero en efectivo, como se había acordado, sino en locales comerciales que la cooperativa deberá entregar posteriormente al Ayuntamiento.

Con todas estas modificaciones, el consistorio pretende tramitar un plan especial, complementario del ya aprobado en noviembre, que retrasaría aún más el inicio de las viviendas y que, sobre todo, al no ser el instrumento urbanístico legalmente habilitado para ello, podría incurrir en nulidad de pleno Derecho.