Carmena antepone la ideología a la ruina de 355 cooperativistas

La desesperación empieza a cundir entre los 355 cooperativistas que, en noviembre de 2014, pagaron 111 millones al Ministerio de Defensa por un terreno, junto al paseo de la Castellana de Madrid, y que, dos años después, siguen sin saber cuándo se podrá iniciar la construcción de sus viviendas e, incluso, si podrán hacerlo.

«Habíamos previsto tener nuestras casas a finales de 2018 y ya será imposible», lamenta Juan Andrés García, uno de los cooperativistas.

50 millones ya desembolsados

Para algunos de los socios de la cooperativa Residencial Maravillas la capacidad de aguante está llegando al límite. Ya han pagado a Caixabank más de 50 millones (a una media de 150.000 euros) del préstamo con el que compraron la parcela y el próximo mes de diciembre vence el plazo de amortización.

A partir de aquí, tendrían que pedir otro préstamo para llevar a cabo las obras, pero la incertidumbre es total acerca de lo que pueda pasar.

«Están jugando con nosotros», lamenta Juan Andrés –de 37 años, casado y con un hijo de seis meses–, que no sabe ya a qué atenerse. «Hemos depositado todos los ahorros, los míos, los de mi mujer, los de nuestros padres. Y nunca pensábamos que nos convirtiéramos en rehenes de la política», reflexiona.

Enroque ideológico para no aplicar la ley

«Se han enrocado en su postura ideológica por encima de lo que dice la ley y no quieren avanzar», añade para, a renglón seguido, poner el punto de mira directamente en la propia alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

«Ella, como jurista, tuvo que aplicar la ley aunque no le gustara, justo lo que no están haciendo con nosotros», apunta Juan Andrés con tono indignado. «Si cedéis a todo, avanzaremos, si no, moriremos de inanición. No podemos aguantar indefinidamente», expresa el portavoz de los cooperativistas.

Juan Alonso Márquez, otro de los socios y miembro del consejo rector de la cooperativa, que el pasado 24 de abril intervino en el pleno abierto del Ayuntamiento para pedir a los responsables municipales explicaciones de lo que estaba sucediendo, ponía el grito en el cielo por la negativa a recibirles, tanto por parte de la alcaldesa como por el concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo.

Reuniones técnicas que no conducen a nada

«En estos ocho meses solo hemos tenido reuniones técnicas que no llevan a nada, porque, al final, todo pasa por una decisión política. La de aprobar un simple convenio de gestión que, si quieren, se puede firmar mañana mismo, pero no quieren. Y a lo único que se dedican es a ponernos peajes», comenta la situación Alonso.

El Ayuntamiento de Madrid obligó, primero, a los cooperativitas a reducir el número de plazas de garaje, de 1.450 a 990. Aceptaron. Después a que, en lugar de monetizar el 10% del aprovechamiento urbanístico como estaba previsto, la cesión se  produjera con suelo. Con muchas reticencias, pero también dijeron que sí.

No aceptan más «peajes»

Pero no van a pasar por convertir el patio interior, «un espacio libre de uso privado vinculado al uso residencial y nunca al dotacional», como recoge el plan parcial aprobado por el pleno consistorial el pasado 27 de noviembre de 2015, en un espacio público de acceso para todo el mundo.

También se niegan en banda los cooperativistas a que la otra cesión, la de las redes públicas, se las quiera cobrar el Ayuntamiento, no en dinero, sino en locales comerciales a un precio muy inferior al de mercado. «Lo que quieren es conseguir esos espacios de manera gratuita», insinúa Juan Alonso, miembro del consejo rector de la cooperativa.

«Nos obligan a incumplir la ley»

«Lo curioso de todo esto es que el Ayuntamiento no puede directamente proponer estas cesiones alternativas, porque estaría incumpliendo la ley», señala Alonso, en relación al plan parcial aprobado en noviembre por el pleno municipal. Por eso, indirectamente, a través de los técnicos municipales, prosigue el socio, «nos hacen ver que seamos nosotros los que hagamos la propuesta».

En el fondo de todo esto, como ya ocurriera con la operación Chamartín, los cooperativistas están percibiendo que la estrategia del Ayuntamiento pasa por demorar tomar una decisión definitiva. «Quieren ganar tiempo para forzar la anulación del plan parcial y aprobar un plan especial que recoja las nuevas pretensiones municipales», explican los socios.

Algo que demoraría el inicio de las obras un mínimo de dos años. Tiempo inasumible para la mayoría de las familias. La alternativa a presentar una demanda judicial contra el Ayuntamiento también se está sopesando por parte de la cooperativa, aunque, al final, el tiempo también correría en su contra, y sin la certeza de saber lo que finalmente pudieran dictaminar los tribunales.