Carmen Calvo se enfrenta a María Jesús Montero por el impuesto al diésel

El impuesto al diésel vuelve a abrir una ‘guerra’ en el seno del Consejo de Ministros. El Gobierno incluyó una subida de 8,3 céntimos el litro en el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado en el Congreso la semana pasada. Ciudadanos y PNV arrancaron al Ejecutivo su supresión inmediata tras retirar su posible apoyo a las cuentas. Según ha podido saber Economía Digital, la eliminación o no del tributo ha dividido a los ministros socialistas y también a los de Unidas Podemos, entre ellos. En ambas formaciones defienden criterios contrarios entre los críticos de la «nueva fiscalidad ambiental» y aquellos que prefieren equiparar su precio al de la gasolina. 

En el seno del Ejecutivo todavía no se aclaran si el impuesto al diésel será suprimido durante la tramitación de los Presupuestos. Estas semanas se abre un período de enmiendas, donde los partidos pueden registrar sus propuestas, tanto para modificar detalles o pedir su supresión de las cuentas. 

La fiscalidad ambiental 

La llamada «fiscalidad ambiental» ha dividido a ministros socialistas y de Podemos en varios bandos. En este caso, para evitar que se consuma este tipo de energía, calificada como sucia, es necesario aprobar elementos disuasorios para cuidar el Medio Ambiente. En este caso se trata de la subida al precio del diésel para evitar que la ciudadanía siga utilizando este tipo de combustible y apueste por las energías verdes, más caras por el momento. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende a ultranza el impuesto con este argumento junto a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras anunciar que el diésel «tiene los días contados».

Con esta medida, el Ejecutivo espera un impacto económico de 500 millones de euros, ya que de los 30,70 céntimos por litro actuales se pasará a 34,50, cerrando así la brecha con la gasolina, que ahora mismo se sitúa en 40,07 céntimos. Moncloa estima que esto se traducirá en un gasto adicional de 36 euros por conductor, unos 15.000 kilómetros por año. 

Precisamente y para defender este argumento, Montero apremia a su compañera Ribera para acelerar los estudios respecto a este tipo de fiscalidad que se engloban con el plan de recuperación verde europeo, que persigue descarbonizar la economía, en beneficio de la calidad del aire y de la lucha contra la crisis climática.

Calvo defiende a Planas 

Los detractores de esta medida solicitan más tiempo para implantarla y no en tiempos de crisis provocada por la pandemia del coronavirus. «Vienen tiempos difíciles y esto afectará a sectores importantes de nuestra economía como al campo», explican desde el Ministerio de Agricultura. 

El ministro Luis Planas es uno de los ministros que se posiciona en contra de esta subida, ya que el sector del campo ya está dañado de por sí debido a la pandemia, necesita medidas para salvarlo y no ahogarlo, considera. También Industria ha recibido llamadas importantes de las plantas automovilísticas y del mundo del motor. 

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se erige como salvaguarda de este sector y advierte de las consecuencias que ello tendría para los transportistas. 

Podemos, dividido

El impuesto al diésel también ha dividido a Unidas Podemos. Diputados como López de Uralde defendieron que ese incremento de impuestos es «necesario» y que no tendría «ninguna justificación» que el Gobierno lo retirase: «Iría en contra de lo que pide la Unión Europea». «Lo que demuestra es que todos somos muy verdes hasta que nos deja de interesar», criticó. 

Otros compañeros en la Cámara Baja consideran «necesario» avanzar para acompasar la fiscalidad del diésel a la de la gasolina por «prioridades ecológicas» y por «exigencias» de Bruselas. 

Sin embargo, en la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales que dirige Pablo Iglesias no estarían de acuerdo con estas afirmaciones. «Le dijimos al PSOE que no era el momento», aseguran fuentes del gabinete de Iglesias. «Somos partidarios de esperar un poco», insisten. 

Hasta el momento, el diésel está subvencionado con una rebaja del 23% del impuesto de hidrocarburos. Una bonificación fiscal que permitió la compra de utilitarios y que la ciudadanía fuera apostando, a la hora de comprarse un coche, por este tipo de vehículos dejando atrás los de gasolina. Sin embargo, numerosos estudios sobre sus emisiones y el desarrollo de las nuevas tecnologías ‘verdes’ generaron la necesidad de abandonar este tipo de combustible en detrimento de los eléctricos en favor del Medio Ambiente. 

El apoyo del PNV y Cs 

Otro de los motivos de peso para su eliminación, según sus defensores en el Consejo de Ministros, es el apoyo a las cuentas del PNV y de Ciudadanos. Según Inés Arrimadas, Montero prometió su eliminación en la fase de las enmiendas. Sin embargo, desde su Ministerio negaron ese acuerdo a las pocas horas. 

La formación vasca, al igual que Cs, también incluye en su programa esa reivindicación. El partido que dirige Andoni Ortuzar se llevó una sorpresa al contemplar la medida en el anteproyecto presentado la semana pasada en el Congreso. La confianza de los vascos se ha vuelto a resquebrajar mientras recuerdan que siempre han sido «socios preferentes» en la legislatura de Pedro Sánchez. 

«No nos ha gustado por la medida en sí, porque no es buena en ningún concepto, aunque lo más grave ha sido que nos dijeron que no lo iban a meter en las conversaciones previas sobre los Presupuestos», recordó Ortuzar nada más enterarse. 

Por esta razón, el presidente vasco avisó a Sánchez de que «se ha minado la confianza de parte del PNV». Esta advertencia, en principio, no supone la retirada del apoyo a las cuentas, pero sí anuncia ‘marejada’ en la travesía hacia su aprobación.

El grupo jeltzale en el Congreso se encargará de revisar «con una lupa muy potente» el proyecto de Presupuestos en su conjunto, «para confirmar que no aparecen otras sorpresas sobre lo hablado previamente con el PNV», zanjó Ortuzar.