Puigdemont, Junqueras y Mas se agarran al salvavidas del ICF

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas y otros 31 ex cargos del Govern condenados por el Tribunal de Cuentas han decidido recurrir al Institut Català de Finances para avalar las multas a las que tienen que hacer frente por usar dinero público para promocionar el procés.

Cada uno de los ex altos cargos del Govern deben presentar la documentación que avala la prestación del dinero para pagar las multas antes de las 12 de la medianoche, ya que el plazo dado por el Tribunal de Cuentas expira este mismo miércoles. En total, Puigdemont, Junqueras, Mas y el resto de condenados deben hacer frente a unas sanciones que alcanzan los 5,4 millones de euros.

El inminente final del plazo fijado por el tribunal, y la negativa de los grandes bancos a avalar el fondo creado por la Generalitat para hacer frente a las multas llevó al Govern a tomar una decisión a la desesperada: convertir al Institut Català de Finances, financiado con dinero público, en avalista.

El conseller de Economía, Jaume Giró, descartó el martes usar al ICF como salvavidas, pero en apenas 24 horas cambió opinión y recurrió al organismo público para evitar un embargo a los dirigentes independentistas ante la evidencia de que no había alternativas para lograr los avales.

El Tribunal de Cuentas tiene la última palabra

Puigdemont, Junqueras, Mas y los otros 31 ex altos cargos condenados se han agarrado al Institut Català de Finances apenas unas horas antes de que expirase el plazo impuesto por el Tribunal de Cuentas y sin saber si los jueces aceptarán al organismo público como avalista.

Una vez se entregue la documentación, el Tribunal de Cuentas tendrá que valorar si ésta es suficiente para dar por avaladas las multas impuestas. Además, tal y como han adelantado a Economía Digital, fuentes del tribunal, no está claro que la institución admita el aval de ICF.

Estas mismas fuentes han asegurado que el trámite de afianzamiento “está actualmente en curso y cuando se termine el expediente se decidirá si esa vía es legal o no”.

Otros juristas coinciden en señalar que el Govern podría estar cometiendo un posible fraude de ley por la utilización de este mecanismo e, incluso, “se podría incurrir en una posible malversación” por parte de la Generalitat.

Desde el ICF se ha alertado en todo momento de que si actuaban de avalista y no de mero gestor, como inicialmente se pretendía, se colocaría en el disparadero a sus funcionarios. Se podrían iniciar procedimientos contra ellos y de ahí que Giró anunciase el martes que el Govern no pondría en primera fila a esta entidad.

Sin embargo, el cambio de discurso del Govern vuelve a situar en la picota al ICF como institución. Sus estatutos prohíben prestarse como avalistas para particulares, en este caso los ex 34 altos cargos del Govern. Y de ahí que haya “miedo” entre los trabajadores y altos cargos que firman el aval.

Puigdemont ha alegado indefensión

A la espera de un pronunciamiento por parte del Tribunal de Cuentas, y preparándose para un posible rechazo al aval de ICF Carles Puigdemont ha alegado indefensión con el objetivo de ampliar el plazo para pagar la fianza.

El ex president sostiene que se han vulnerado sus derechos por no poder actuar como defensa y juzgarle por unos mismos delitos que se le imputan en el ámbito penal