El caos fiscal del PSOE complica los PGE tras abrir un nuevo cisma con Podemos por la okupación
Las negociaciones presupuestarias para el paquete fiscal de las cuentas del próximo año siguen sin avanzar, según fuentes de la negociación a Economía Digital
La falta de homogeneidad fiscal que se está evidenciando dentro del PSOE en las últimas horas, con mensajes cruzados desde las autonomías y el Gobierno, sin tener claro -según las fuentes consultadas por Economía Digital- cuándo finalmente se anunciará el nuevo paquete tributario que prepara Hacienda está en un punto crítico. Sin mayores avances, la tensión entre los dos socios de Moncloa se acrecienta porque ya no sólo está en la mesa la negociación de los Presupuestos Generales del Estado -estancadas, hasta la hora del cierre de esta edición-, sino que se ha entremezclado un nuevo frente: la vivienda.
El pulso de la Ley de Vivienda viene de lejos, por lo que lleva así meses bloqueada en el Congreso, pero este miércoles se alcanzaron cotas muy altas, por la introducción de dos enmiendas para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal por el PSOE y asegurar así los desalojos de los okupas en un plazo de 48 horas. Algo, a todas luces, que para el socio minoritario está «fuera de lugar» y que significa, a sus ojos, la certificación de un nuevo giro ideológico socialista, ahora hacia «la derecha» tras haber pasado por el aro del impuesto a las grandes fortunas.
Porque realmente es eso, la fiscalidad, lo que está tensando la cuerda. Según fuentes de la negociación en conversación con este periódico, el debate de bajar el IRPF a rentas bajas es algo nuevo, que no se planteaba y que sólo se ha decidido hablar de ello desde hace «unas pocas horas». Las mismas voces consultadas piden que los negociadores «dejen de pegarse tiros en el pie». Las sensaciones en el ala morada, sin embargo, son buenas: creen que al tener una postura más maximalista y centrada en cuatro puntos concretos, sí conseguirán sus propósitos.
La postura del PSOE
De momento, lo cierto es que el Gobierno rechaza la «espiral» de rebaja fiscal en que han entrado las comunidades autónomas y se mantiene firme en que no debe haber «bajadas masivas de impuestos», pero en cambio se abre a aprobar medidas «quirúrgicas» y «selectivas» que favorezcan a los más vulnerables.
«Lo dicen todos los organismos internacionales: se desaconsejan bajadas masivas de impuestos, se recomienda que sean quirúrgicas, que sean selectivas y que se proteja a la población más vulnerable y que los que más tienen más aporten en un momento de especial necesidad; esto es lo que vamos a practicar y lo contaremos en los próximos días», dijo públicamente este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sin embargo, en privado, fuentes del Gobierno reconocen la falta de «coherencia» y reconocen la «trampa» técnica, porque al tratarse de un sistema «en escalera bajas a todos».
Puig, por su parte, que anunció rebajas fiscales para quienes cobran menos de 60.000 euros, volvió a defender su propuesta como una forma de ayudar «a una mayoría social» en una situación de «extrema dificultad». El presidente valenciano aseguró que su voluntad no es polemizar con nadie (es «nuestra visión en el ámbito de nuestras competencias», ha defendido) y ha agregado que también apoya las reformas fiscales que plantea el Gobierno de España.
El giro del PSOE a la okupación
Pero el último movimiento que ha derivado en una guerra a tumba abierta entre los grupos parlamentarios de Unidas Podemos y PSOE ha tenido que ver con la vivienda. Mientras pulula la ley de vivienda prometida entre los plazos de ampliación del Congreso, sometida a un bloqueo de facto, los socialistas han optado por hacer un movimiento político de la mano de la okupación, pero añadiendo el matiz en otro texto legal.
De hecho, la enmienda pretende modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los jueces puedan desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas desde que lo pide el propietario o recibe el atestado policial, tanto en los casos de allanamiento de morada como de usurpación. El portavoz del PSOE, Patxi López, arguyó que es para dar respuesta a «mucha gente» y que la protección a las familias vulnerables mediante soluciones habitacionales se mantendrá a través de los mecanismos que se regulen en la ley de vivienda que se negocia con Unidas Podemos.
Además, el grupo socialista ha introducido esta enmienda en el proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia. Un detalle que ha cabreado más a su socio de Gobierno, que no entiende por qué utiliza esa vía mientras se negocia la ley de vivienda. A ojos del PSOE, era pura cuestión de tiempos: «Esta ley nos encajaba para poder hacerlo cuanto antes», se justificó el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López.
En esta ocasión, el enfado en Unidas Podemos es tal que salió ante los medios de comunicación uno de los diputados de la confederación, Rafa Mayoral, que utilizó un tono muy duro contra López y le tachó de «descentrado». También le recordó que el PSOE comparte Consejo de Ministros con los morados y «no está gobernando con Mayor Oreja».