Caos en la Seguridad Social: los empleados se rebelan ante la “falta de efectivos”

Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO convocan una protesta para evidenciar el déficit de personal, los retrasos en las prestaciones y el incumplimiento de los acuerdos de personal

MADRID, 18/11/2022.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones, convoca este viernes -junto con CC.OO. y UGT- una concentración ante la sede del Ministerio de Trabajo de Madrid para denunciar la caótica situación que sufre la Seguridad Social, con falta de efectivos, retraso en la gestión de las prestaciones y el incumplimiento general de los acuerdos de personal. EFE/ Daniel González

Concentración para denunciar la situación de la Seguridad Social. EFE/ Daniel González

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Los empleados del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se encuentran al límite. La situación en el organismo es caótica a causa de la “falta de efectivos, retraso en la gestión de las prestaciones y el incumplimiento general de los acuerdos de personal”, según han denunciado los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, que han convocado una protesta en Madrid, a la cual han acudido centenares de trabajadores de la Seguridad Social.

A pesar de que la plantilla de empleados asciende a las 25.000 personas, los tres colectivos de trabajadores han coincidido en que existe un déficit de 7.000 puestos de trabajo. Precisamente, por ese motivo, el servicio que se está prestando a la ciudadanía a la hora de llevar a cabo gestiones básicas es «deficiente».

Así, los ciudadanos no solo están sufriendo retrasos en las citas, según han denunciado los sindicatos, si no también están padeciendo el cierre de atención de oficinas, colas interminables y demoras en la concesión de ayudas económicas provenientes del Estado.

CSIF alerta del colapso del organismo

Tras recordar que la Seguridad Social cuenta con 25.000 empleados, CSIF ha hecho hincapié a través de un comunicado que, es esta plantilla la que ha de atender a «20 millones de afiliados, 10 millones de pensionistas, 1,4 millones de empresas», pero también gestionar «incontables incapacidades temporales, maternidades o paternidades».

Concentración para denunciar la situación de la Seguridad Social. EFE/ Daniel González

«Está previsto que en el plazo de cinco años se jubile el 28,5% de la plantilla, y en 10 años un 36,08% adicional, es decir, casi dos tercios de la plantilla actual», ha indicado el sindicato para después lanzar una contundente advertencia: «El organismo colapsará».

El sindicato también ha cargado contra el Ministerio de Seguridad Social, al cual ha reprochado su pretensión de suplir las necesidades del organismo con la contratación de 1.615 interinos. Pues, a su juicio, se trata de «un personal de quita y pon, que no soluciona los problemas estructurales del organismo». Y ha afeado que la fecha de la resolución de un macroconcurso con 12.000 participantes para casi 8.000 plazas esté aún «por publicar».

La plantilla, «sobrepasada y envejecida»

Asimismo, los empleados de la Seguridad Social también atienden a cerca de medio millón de hogares con Ingreso Mínimo Vital (IMV). La elevada cifra ha provocado que la tramitación de la prestación económica haya «colapsado y generado una inmensa bolsa de expedientes pendientes».

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. EFE/ Juan Carlos Caval

Además de la Seguridad Social, la ayuda está gestionada por 1.050 interinos. Según el sindicato, la contratación de estos empleados para dedicarse exclusivamente a la tramitación de la prestación se llevó a cabo de forma «precipitada». Dado que sus contratos finalizarán en septiembre del año que viene, ha avisado que se generará una «nueva carga de trabajo» para una plantilla «sobrepasada y envejecida.»

CSIF pide un plan de recursos humanos

“El denominado Escudo Social del Gobierno está seriamente comprometido en uno de los peores momentos económicos de los últimos años, ante la escalada de precios, la crisis energética y la desaceleración”, ha criticado.

Y ha urgido a diseñar un «plan de recursos humanos para reforzar la Administración General del Estado y ámbitos clave de nuestro Estado de Bienestar», que ha concretado en «sanidad, educación, servicios sociales y justicia».

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