Caos en las CCAA: nadie sabe cómo aplicar las sanciones energéticas de Sánchez

Las medidas de ahorro energético presentadas por el Gobierno de Pedro Sánchez han traído más marejada sobre su posible cumplimiento. El plan no fue consensuado con las comunidades autónomas y, más allá de su aplicación y su posible recurso al Tribunal Constitucional, ha aterrizado en agua de nadie. El caos se ha hecho patente en las autonomías: no saben nada más allá y no tienen claro cómo tienen que articularlo y hacerlo cumplir.

Tras su anuncio en la noche del lunes, el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural, se ha publicado en el BOE y tendrá que aplicarse desde ahora a noviembre de 2023.

Las multas serán de hasta 60.000 euros si se consideran leves y de hasta 6 millones de euros para las graves, de acuerdo con la Ley de Industria de 1992 actualmente en vigor. Pero el BOE no incluye el régimen sancionador a aplicar. Según las fuentes consultadas por Economía Digital, lo natural sería remitirse a los reglamentos de Eficiencia Energética en Instalaciones de alumbrado y de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Estas dos normas, a su vez, se refieren a la Ley de Industria.

En cada autonomía, una consejería

Este periódico ha consultado administraciones autonómicas como Andalucía, Comunidad de Madrid, Galicia o Comunidad Valenciana, y la única certeza es que, con apenas unos días de margen para el inicio de las medidas, no hay suficiente información por el momento para que las propias comunidades tengan claro cómo proceder. Todo eso a pesar de haberse celebrado la reunión de la Conferencia Sectorial de Industria, consejería de la que, a priori, depende.

El Real Decreto no es lo suficientemente clarificador para estas regiones. «No sabemos de qué consejería depende la competencia sancionadora», admiten fuentes madrileñas. En Galicia, por su parte, saben que irán por Energía, que están incluidas en la Vicepresidencia Primera, pero «no pueden clarificar» aún cómo se articulará y que «aún están estudiando el Real Decreto».

En la Comunidad Valenciana, pensaron en principio que iría por Industria, pero tras la Sectorial lo gestionará Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Sin embargo, no hay información sobre las inspecciones.

Excepciones a las sanciones

Las nuevas medidas también incluyen excepciones. «Deberán ser aplicadas con flexibilidades relevantes para asegurar derechos trabajadores o seguridad laboral, por las necesidades térmicas que se requieran si están debidamente justificados», adujo el Gobierno en su presentación.

Por eso, «invitaban» a señalar en paneles informativos en todos los lugares que se van a ver afectados para evidenciar las medidas adoptadas y que se observen termómetros que hagan visible la temperatura en esos espacios. Quien no cumpla ni con la temperatura ni los apagones tendrá consecuencias, aunque no esté muy claro cuáles.