Justicia descarta el indulto anticipado de Puigdemont

El Gobierno de Pedro Sánchez no está dispuesto a facilitar un indulto por anticipado a Carles Puigdemont para que pueda regresar a España y evitar ser juzgado por su participación en el referéndum ilegal de independencia de 2017. La negativa dificulta las aspiraciones del expresidente catalán de abandonar Bélgica.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha explicado que la medida de gracia anticipada sí que es una herramienta jurídica que existe, pero ha cerrado la puerta a aplicarla con el líder de Junts. «Hay una previsión en la propia ley que excepciona estos supuestos, pero desde luego el Gobierno no lo contempla bajo ningún concepto», ha aclarado en una entrevista en Onda Cero.

La respuesta se produce después de las presiones que las formaciones independentistas han intensificado en las últimas horas para que el Gobierno facilite el regreso de todos los miembros de la Generalitat que abandonaron el país para no ser juzgados por el Tribunal Supremo. Su principal argumento se asienta en su condición de inmunidad como europarlamentarios.

Campo ha descartado que la inmunidad les vaya a permitir volver a pisar el suelo español sin ser detenidos, aunque ha invitado a Puigdemont a regresar para dar cuenta de sus delitos. «Es un huido de la Justicia y está reclamado. Le invito a que venga pero para ser juzgado», ha remarcado.

Sus palabras evidencian las discrepancias que hay en el seno del Gobierno con respecto a la situación legal del dirigente independentista fugado en Bélgica. El bloque de Unidas Podemos apuesta por concederle el perdón al igual que los otros nueve condenados que han pasado más de tres años en prisión. Mientras que los socialistas no quieren que evite ser juzgado.

«La amnistía es un olvido. El indulto es un perdón»

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo

A diferencia de Puigdemont, el ministro de Justicia sí que ha advertido un «cambio de conducta» en otros miembros de la cúpula independentista como Oriol Junqueras, que ha descartado la vía unilateral para conseguir la independencia. «Hay que resolver los problemas de hoy pensando en mañana y no mirando al pasado», ha expuesto.

Campo advierte que no se ha congelado la reforma del delito de sedición

La otra alternativa para que Puigdemont pudiera volver a España pasa por una reforma del delito de sedición que reduciría las penas contempladas en el Código Penal. El Partido Socialista se ha mostrado a favor de cambiar esta tipificación para adecuarla a las leyes del resto de países europeos pero todavía no ha dado el paso de llevarla ante el Congreso.

El ministro de Justicia ha negado que la propuesta esté congelada por la falta de apoyos parlamentarios de sus socios, aunque ha advertido de que no se llevará a cabo sin haberse asegurado antes una mayoría suficiente en la cámara. «Sería absurdo intentar llevar una reforma sabiendo que no va a tener respaldo parlamentario», ha esgrimido.

Campo ha matizado que el objetivo no es exclusivamente rebajar las penas de los delitos de sedición, sino llevar a cabo una «revisión de una reforma profunda». Además, ha tratado de desvincularlo del debate sobre la libertad de los condenados del ‘procés’ que ha enmarcado en la necesidad de «reestablecer la convivencia» y de la «utilidad pública».

A vueltas con el referéndum

Otra de las claves en el futuro del conflicto político de Cataluña pasa por si se pondrá en marcha un referéndum de autodeterminación, una de las dos principales reclamaciones del sector independentista junto con la amnistía total de los acusados por el 1 de octubre.

Algunos miembros del Gobierno como la ministra portavoz, María Jesús Montero, o el titular de Política Territorial, Miquel Iceta, se han mostrado reacios a poner en marcha la consulta, sin embargo Juan Carlos Campo ha dejado siempre la posibilidad en el aire, sin una respuesta contundente.

El titular de Justicia ha explicado que no es posible realizar una consulta a nivel territorial porque no está contemplada en la Constitución. «No cabe esa idea de referéndum de autodeterminación porque lo prohíbe el ordenamiento jurídico», ha expresado.

Sin embargo sí que ha dejado la puerta abierta a tomar alguno de los caminos establecidos para reformar la carta magna en el conjunto del país. «Lo que no cabe es que nadie decida por España», ha aclarado.