Calviño, Montero y Escrivá salen al paso de Ximo Puig y la semana laboral de 4 días

La Generalitat valenciana defiende la semana laboral de cuatro días, propuesta estrella de Iñigo Errejón, y ha decidido destinar una partida presupuestaria de 4 millones para empresas que rebajen su jornada a cuatro días o 32 horas. De hecho, fue el socialista, Ximo Puig, quien inspiró al líder de Más País a presentar la medida en el Congreso de los Diputados.

Fuentes de la Consejería de Economía valenciana desvelan a Economía Digital que la Generalitat valenciana lleva desde el año pasado trabajando en este proyecto e informan que ya en 2020 destinaron 1,5 millones de euros para implantar la propuesta en algunas empresas, «sin que ello supusiera un descuento en el salario de los trabajadores», señalan.

Iñigo Errejón se inspiró en el gobierno autonómico de Puig para presentar la propuesta al Gobierno, con el plácet del líder de Podemos, Pablo Iglesias; el apoyo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y también de los sindicatos, que se trata de una «demanda histórica del movimiento obrero y sindical» que permitirá aumentar el rendimiento y la productividad por cada hora trabajada, señalan desde UGT.

El líder de Más País ya registró una enmienda para introducir la medida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, pero fue rechazada. El ‘ala dura’ socialista descartó de pleno implantar el sistema señalando que la pandemia no daba lugar para experimentos. Sin embargo y tras la insistencia, los 50 millones que concederá el Gobierno provienen de los fondos europeos de recuperación económica, de los que 27.000 millones se adelantado ya para los PGE de 2021.

El apoyo de Iglesias y el desmentido de Díaz

A pesar de que el vicepresidente Pablo Iglesias, dijo el pasado 3 de diciembre que la propuesta era «interesante y me consta que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz la está estudiando y, en el marco de una línea que ha sido definitoria del Ministerio, que es el diálogo social, se va a trabajar para explorar la reducción del tiempo de trabajo».

La ministra de Trabajo negó al día siguiente que la medida se hubiese puesto sobre la mesa en las negociaciones con los principales sindicatos y la patronal de trabajo. «Cuando este debate entre en la mesa del diálogo social, como siempre hacemos, lo trataremos. Pero ese debate, que es muy interesante, aún no ha llegado», sentenció enmendando a Iglesias.

Nada de eso se ha sabido, sino el empeño de Errejón por sacar la medida a flote presentándosela a la ministra de Hacienda, sin la necesidad de figurar en las cuentas públicas. Sus intentos, finalmente, dieron fruto esta semana cuando el Gobierno anunció que se gastará 50 millones en probar la semana laboral de cuatro días con el criterio aún dudoso del Ministerio de Economía.

Montero, Escrivá y Calviño descartaron la medida

Como en todas las negociaciones del Gobierno de coalición, con la propuesta de Errejón también hubo debate dividido en bandos. Las ministras económicas, la vicepresidenta Nadia Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartaron de inmediato la medida.

Tanto es así, que en la rueda de prensa del Consejo de Ministros del pasado 9 de diciembre, Montero señaló que la propuesta se aleja de los retos de país que ahora se marca el Gobierno, enfocados a la recuperación económica. «No debemos desconcentrarnos de lo que nos ocupa ahora», aseguró la titular de Hacienda.

Por su parte, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, también descartó la medida asegurando que «es para países con pleno empleo». En su opinión, es un debate «atractivo» y que puede ser factible en un país «como Alemania que tiene pleno empleo desde hace muchos años», pero recalcó que «España tiene como principal reto el paro».

«Hay muchas personas que aspirarían a la semana de cuatro días, pero tenemos un número de parados enorme y estructuralmente», dijo Escrivá.

Los expertos apuntan a la reducción de salarios

La negativa de los ministros económicos procede, según el punto de vista de los expertos económicos consultados, porque si disminuyen las horas un 20%, debería de ir acompañado de un reajuste de los salarios, que se fijaría a través de la negociación colectiva, ante la imposibilidad de lograr ganancias de productividad en la misma medida.

De esta manera, se produciría de forma automática un impacto a la baja en el cálculo de futuras prestaciones sociales como el desempleo, invalidez e incluso en la pensión de jubilación, ya que todas ellas se verían afectadas por la disminución correspondiente de la base reguladora, sostienen.

Desde Economía sostienen que «ya existen en nuestro país fórmulas de flexibilidad horaria en ciertas modalidades contractuales como la jornada parcial o la reducción de jornada».

El Ejecutivo escuchó la petición del diputado de Más País y la medida será un ‘proyecto piloto’ y se probará en alrededor de 200 empresas, principalmente pymes, y entre 3.000 y 6.000 trabajadores, durante tres años con un presupuesto estatal de 50 millones de euros.

Errejón anunció que la próxima semana se reunirán con el Ministerio de Industria, que dirige Reyes Maroto, y explicó que será necesario llevar a cabo un estudio para el que cuentan con gente «perfectamente competente en las universidades públicas», según comentó, para seleccionar los sectores en los que lo probarán. Será a partir de entonces, cuando la medida se habrá a negociación en la mesa de diálogo social, con patronal y sindicatos.

El objetivo, según Errejón, es que «el aumento de la productividad vaya financiado la propia reducción de la jornada laboral» para que, de esta forma, «se financie sola».

Una propuesta que sigue levantando dudas entre los ministros económicos del Gobierno, el ‘ala dura’ socialista no estaría dispuesta a aprobar la medida en plena crisis por la pandemia y con una alta cifra de parados.

Errejón deberá demostrar que su ‘proyecto piloto’ sí funciona y reforzarse con sus aliados, Unidas Podemos y los sindicatos, para convencer al sector económico reacio a implantar la medida.