Bruselas respalda la decisión del Constitucional e insta al Gobierno a «cumplir las reglas»
Fuentes comunitarias han recordado que los estándares europeos para las reformas judiciales requieren de una "consulta previa" a todas las partes implicadas
Sede de la Comisión Europea. Foto: EFE.
La Unión Europa está siguiendo con cierta incertidumbre la situación inédita que se está viviendo en España por el bloqueo del Poder Judicial y la reforma del Código Penal. La Comisión Europa (CE) también se ha pronunciado este martes sobre la decisión que ha tomado el Pleno del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación parlamentaria de dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos nuevos integrantes al Constitucional que debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En concreto, la CE ha pedido a todas las autoridades y partes nacionales que actúen «acorde a las reglas y procedimientos» nacionales en esta situación. «Normalmente no comentamos sobre decisiones judiciales. Esperamos que todas las autoridades nacionales y partes actúen acorde a las reglas y procedimientos a nivel nacional», ha señalado.
Consulta previa
Asimismo, fuentes comunitarias han recordado a Efe que los estándares europeos para las reformas judiciales de calado requieren que se consulta previamente a todas las partes implicadas, como a los órganos de jueces, a los fiscales o incluso a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa en ciertos casos, antes de presentarse a la tramitación.
Los líderes de ambas cámaras del Parlamento y el Ejecutivo han anunciado que acatarán la decisión del Constitucional y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado en una declaración institucional que el Ejecutivo adoptará «cuantas medidas sean precisas» para poner fin al «injustificable» bloqueo del poder judicial y del TC.
Wigand recalcó que Bruselas sigue la situación en España «de cerca» y que vigila las reformas en el contexto de su informe anual sobre el Estado de derecho en los países de la Unión Europea, del que el próximo verano se publicará la cuarta edición y que de manera insistente apunta a la renovación del Consejo General del Poder Judicial como uno de los retos pendientes de España.
De hecho, la Comisión ha recriminado a otros países en el pasado que hayan acelerado ciertos procesos de reformas importantes sin consultar a las partes, como ha sucedido ya en Rumanía o Polonia, y apunta al Tribunal Constitucional como el espacio adecuado para dirimir las dudas que pueda causar la tramitación de una reforma como la española.
La decisión del Pleno del Tribunal Constitucional de frenar la proposición de ley que cambia el sistema de elección de sus miembros y que se iba a estudiar este martes en la Comisión de Justicia del Senado ha abierto una crisis institucional en España.
