Bruselas expedienta a España por errores en las normas contra el blanqueo
España cuenta con un plazo de dos meses para responder a la petición del Ejecutivo comunitario
La Comisión Europea (CE) ha abierto un procedimiento de infracción a España por no aplicar correctamente la última directiva europea contra el blanqueo de capitales. En concreto, el Ejecutivo comunitario ha puesto la lupa en la creación de un registro central de titulares reales de entidades legales.
La CE, que también expedientó a Italia por el mismo motivo, ha emplazado a los dos países a garantizar la correcta aplicación de la directiva y les ha dado un plazo de dos meses para responder a su petición. De lo contrario, podría seguir adelante con un procedimiento que, en última instancia, permite a la Comisión llevar a los Estados ante la Justicia europea.
Tanto España como Italia han informado de que han incorporado la directiva a sus respectivas legislaciones nacionales, pero la Comisión «ha identificado varias instancias de aplicación incorrecta de la directiva que se refieren al funcionamiento de uno de sus piezas clave: el establecimiento de registros centrales de titulares reales», tal y como ha destacado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
Mejorar la transparencia para evitar el blanqueo de capitales
Los Estados pueden optar por una base de datos central o utilizar los registros empresariales u otros que ya existan para recopilar la información sobre quienes son los titulares reales de estas entidades legales, una medida destinada a mejorar la transparencia para combatir así el uso de estas empresas para el blanqueo de capitales.
«La confianza en los mercados financieros por parte de inversores y del público en general depende en gran media de la existencia de un régimen de información que proporcione transparencia sobre la titularidad real y las estructuras de control de las empresas», ha señalado la Comisión, a la vez que ha hecho hincapié en que esto es aún más relevante en regiones como la UE, que se caracterizan por una propiedad muy concentrada de las compañías.
El expediente se refiere en concreto a la aplicación de la quinta versión de la directiva europea de lucha contra el blanqueo de capitales (AMLD5, según sus siglas en inglés), una norma sobre la que la Unión Europea ya negocia una nueva actualización, la sexta.