Borràs también niega que el Parlament declarara la independencia
La exconsellera de Gobernación insiste en que la Generalitat no dió ni un paso para hacer posible el referéndum tras la prohibición del TC
La exconsellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs, se ha sumado a la tesis, ya expresada por otros de los acusados en el juicio del procés que se sigue en el Tribunal Supremo, de que el Parlament nunca declaró la independencia el 27 de octubre de 2017, y de que el Govern nunca llevó a cabo «ninguna acción» para llevar a cabo el referéndum del 1-O.
Borràs declaró este jueves tras los interrogatorios a Josep Rull y Dolors Bassa, y remarcó que si firmó, como el resto de miembros del gobierno de Carles Puigdemont, el decreto de convocatoria del referéndum fue para expresar con «un gesto o un símbolo» el compromiso con el mandato del Parlament, que acababa de aprobar por mayoría absoluta la ley que avalaba la convocatoria del 1-O, una norma que aún no había sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC), lo que sucedería al día siguiente.
Borràs admitió que podía imaginarse que el TC suspendería la ley, pero recordó que cuando firmó el decreto aún estaba vigente, y puntualizó que, en realidad, las únicas firmas necesarias para que el decreto fuera válido eran las del presidente Carles Puigdemont y las del conseller «de la materia», en referencia al titular de Presidencia, que entonces era Jordi Turull, también procesado en la causa.
Sin intención de gastar ni un euro
La exconsellera precisó que pese a convocar el referéndum, nunca hubo intención de gastar ni un euro público en su organización, un asunto en el que han insistido todos los interrogados para eludir el delito de malversación que les imputan la fiscalía, la abogacía del estado y la acusación popular, ejercida por Vox.
Borràs, que lloró al recordar que no pudo recoger una notificación del TC porque falleció su padre, es uno de los tres procesados que no están en prisión preventiva, junto con Carles Mundó y Santi Vila, y es considerada un personaje secundario por las acusaciones, y, a diferencia de todos los que han declarado hasta ahora, ni la fiscalía ni la abogacía del estado solicitan para ella delitos de rebelión, en el primer caso, o de sedición, sino de malversación y de desobediencia grave.
