Rodillo de Escrivá: Bildu, PNV y ERC avalarán la reforma de las pensiones aunque no puedan enmendarla
La reforma de las pensiones recién aprobada por el Consejo de Ministros pasará por el Congreso como Real Decreto-Ley sin mayor dificultad entre los socios
Probablemente se trate del proyecto más importante, aunque quizás no el más llamativo, de toda la legislatura de Pedro Sánchez, y, justo tras ser aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario de este jueves, la reforma del sistema de pensiones coge fuerza. Lo indican fuentes económicas de los tres principales partidos socios del Gobierno a Economía Digital –ERC, PNV y Bildu-, que se muestran favorables a darle el sí al Real Decreto-Ley aunque impida a todas luces, por tiempos en el calendario político, que se puedan añadir enmiendas al texto final.
La oferta que el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, hizo a los grupos parlamentarios en su exposición de la reforma –que aprueben en el Pleno del Congreso la norma como Real Decreto-Ley (que implica no poder cambiar ni una coma del texto que ya ha parido el Consejo de Ministros) y después arrancar la tramitación como proyecto de ley (donde sí podrían introducir enmiendas e incluso los correspondientes informes al respecto del Consejo de Estado y de la AIReF, pero con la primera versión ya en vigencia)- no ha sonado mal del todo a los socios, aunque con diferencias.
Así, frente al sí rotundo de Bildu tras haber negociado previamente aumentar las pensiones mínimas de viudedad y equipararlas con las contributivas de jubilación -ya incluido en el texto que ha salido de Moncloa-, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) se muestra más cauto, aunque situándose entre el sí y la abstención, al igual que hace Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).
Mayoría para pasar el examen
Entre las tres formaciones alcanzan los 24 votos, que, sumados a los de los partidos que conforman el Gobierno -PSOE y Unidas Podemos-, llegan hasta los 177, cuando necesitan 175 para sumar mayoría en la Cámara. Eso, además, sin contar con los grupos minoritarios en el espectro que suelen respaldar las propuestas de Moncloa, como Compromís o Más País. Otros partidos, como el PDeCAT, a través de su diputado Genís Boadella, se muestran también favorables al proyecto de reforma.
Fuentes de ERC señalan a Economía Digital que, pese a no tener atado el sentido de voto a falta de «unos flecos» que negociar entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, están «satisfechos». «Se tenía que haber empezado por aquí. Habíamos demostrado que el sistema es sostenible, es bueno, lo es. Falla el modelo productivo, sin trabajo no sólo fallan las pensiones, sino también funcionarios, Ejército… todo. Pero los agoreros de que no es sostenible han podido ver que no es verdad«, indican desde el grupo parlamentario.
En el PNV el sentir es similar: «Algunas medidas nos gustan, otras no tanto», en referencia a la cuota de solidaridad y el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), aunque la valoración del conjunto es positiva. A los republicanos catalanes les choca que la edad de jubilación se mantenga en los 67 años, pero admiten que «es muy difícil» cambiarlo. «De entrada suenan bien muchas cosas. Hace falta ver el estudio, y la letra pequeña para ver si es posible si es subir las mínimas. La música suena bien, aunque hay que verlo porque hay mucho trilero. Por primera vez no se reduce sino que se gasta», guiñan las fuentes de ERC.
Difícil que prosperen enmiendas
Fuentes del Gobierno aseguran a este diario que lo más probable es que la reforma de las pensiones pase por el Congreso a finales del mes de marzo, a más tardar, para su votación. Ahí, siguiendo el plan que Escrivá ha propuesto, el Gobierno registraría un proyecto de ley sobre el Real Decreto-Ley y se iniciaría el proceso legislativo, que se dilataría en el tiempo al incluir, además de los informes preceptivos de los órganos consultivos, un periodo de registro y debate de enmiendas en comisión por parte de todos los grupos parlamentarios, de ponencia y deliberación en Pleno, más la tramitación en el Senado.
Con el calendario en la mano en un año electoral como es 2023, con comicios municipales y autonómicos a final del mes de mayo y unas generales en diciembre, sería muy complicado que se diera tiempo para todos los procedimientos y que las enmiendas de los grupos quedaran registradas negro sobre blanco en el cuerpo de la ley. Los días de pleno de este primer semestre ya están fijados, a los que hay que sumar los meses inhábiles -verano- y la disolución de las Cortes ante la convocatoria de elecciones generales, que sucedería en el otoño.