Belarra rescata las medidas estrella de la Ley de Familias e irán en el nuevo escudo social

El adelanto electoral de las generales al 23J tuvo una víctima inesperada para el Consejo de Ministros: aparte de algunas leyes simbólicas, como la Ley ELA, la principal damnificada de cara adentro en Moncloa fue la Ley de Familias, proyecto estrella del Ministerio de Derechos Sociales de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Pero las medidas más importantes del proyecto han encontrado acomodo dentro del último escudo social, que se ha negociado con agitación entre las tres partes que forman el Gobierno ahora mismo.

Esta última prórroga de Real Decreto-ley de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania, aprobado este martes por el Gobierno, supone el séptimo paquete de medidas para hacer frente a la crisis de precios provocada por la guerra en Ucrania, con un coste estimado de 3.800 millones de euros adicionales. El gasto total en el segundo semestre asciende a 8.900 millones y el acumulado de todas las medidas desde que comenzó la guerra supera los 47.000 millones.

De este modo, incluye varias medidas con el sello de Belarra: primero, un permiso de cuidado de 5 días al año, retribuidos, que se podrá utilizar en caso de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que necesite reposo, tanto de un familiar de hasta 2º grado como de un conviviente, algo nuevo hasta ahora.

Medidas de la ley de Familias

Y un segundo permiso “por causa de fuerza mayor”, que se distribuirá por horas y podrá alcanzar en total hasta 4 días al año. Se trata de un permiso novedoso que también estará retribuido y busca permitir a padres y madres ausentarse del trabajo cuando haya motivos familiares urgentes.

Por último, un tercer permiso parental de 8 semanas, que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua, a tiempo completo o parcial, hasta que el menor cumpla 8 años. Estos permisos se encontraban dentro de la redacción del texto de la Ley de Familias del Ministerio de Ione Belarra, que vio interrumpida su tramitación por el adelanto de la convocatoria electoral.

Asimismo, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha logrado incorporar al RDL que las parejas de hecho tengan derecho a los 15 días de permiso por registro igual que los matrimonios, algo que también contemplaba la Ley de Familias de Belarra.

Rebaja del IVA de los alimentos básicos, hasta final de año

No es el único anuncio, porque el escudo social se ha convertido en un decreto omnibus que ha acogido medidas de muy diverso pelaje para facilitar su aprobación. Así, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha afirmado durante la rueda de prensa que el Gobierno también mantendrá la rebaja del IVA de los alimentos básicos y las ayudas al transporte público, entre otras tantas.

Se mantiene hasta el 31 de diciembre la supresión del IVA para los alimentos de primera necesidad y la rebaja del 10 al 5% para los aceites y la pasta. Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el real decreto ley deberá ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso, toda vez que las Cortes se encuentran disueltas por el adelanto electoral. De esta manera, permanece la eliminación del IVA para alimentos de primera necesidad (pan, harinas panificables, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas, cereales) y la rebaja del 10 al 5% para los aceites y la pasta.

Igualmente continuará, tal y como estaba previsto, la gratuidad de los abonos de Renfe de cercanías, Rodalies y media distancia, así como la financiación del 30% del descuento del transporte público urbano e interurbano a los gobiernos autonómicos y municipales que lo complementen hasta el 50%.

Ayudas al transporte

El Gobierno también ha decidido prorrogar la bonificación del combustible para los transportistas no sujetos al gasóleo profesional, manteniéndola en 10 céntimos por litro hasta el 30 de septiembre y rebajándola a 5 céntimos en el último trimestre, con el objetivo de que desaparezca a final de año.

La bonificación a los carburantes (que será de 13 céntimos hasta septiembre y de 7 hasta final de año para los vehículos propulsados con gas) se suprimió en diciembre con carácter general y solo se mantuvo para el sector del transporte profesional, si bien desde el 1 de abril se redujo a 10 céntimos por litro, la mitad de los 20 céntimos iniciales. Con el nuevo decreto se mantiene el precio de la bombona de butano en 19,55 euros y las ayudas a la industria electrointensiva.

Fin a la prórroga de seis meses a los alquileres

El decreto ley contempla mantener durante seis meses más la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, pero suprime la prórroga automática de los contratos de alquiler que venzan a partir del 1 de julio. Era un punto problemático en la negociación, como publicó ECONOMÍA DIGITAL. La vicepresidenta ha justificado la supresión de esta medida en que la entrada en vigor de la ley de vivienda ya prevé la prórroga de un año de los contratos de alquiler para hogares vulnerables.

El límite del 2% a la actualización anual del alquiler ya estaba aprobado para todo el año y previsto en la ley de vivienda, mientras que la prórroga automática por seis meses de los contratos de alquiler para evitar un aumento abusivo de los precios solo estará en vigor unos días más, hasta el 30 de junio.

Avales a la compra de coche eléctrico o vivienda

El decreto incluye otras dos medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para fomentar la compra de vehículos eléctricos y para ayudar a jóvenes menores de 35 años y familias con menores a cargo a la compra de la vivienda habitual, con un objetivo previsto de alrededor de 50.000 viviendas. Se prevén dos nuevas deducciones en el IRPF del 15 % por la compra de vehículos eléctricos y la por instalación de sistemas de recarga de baterías, con un tope de 20.000 euros.

También se pone en marcha una nueva línea de avales de 2.500 millones de euros del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ayudar con el 20 % del precio de compra (25 % en determinadas condiciones) a los jóvenes menores de 35 años y a las familias con menores con ingresos individuales de hasta 37.800 euros anuales.