Belarra abre un nuevo frente con Marlaska por la devolución de los menores a Marruecos
El Ministerio de Derechos Sociales acusa a Interior de vulnerar el derecho internacional: "Es algo muy grave en el marco de nuestra legislación"
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, presenta a todos los miembros de su candidatura a la cuarta asamblea ciudadana estatal de Podemos (Vistalegre IV) en el inicio oficial de su campaña como candidata a la secretaría general de Podemos. EFE/Kai Försterling
La política migratoria ha reabierto viejas heridas entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. La decisión del Gobierno de repatriar a más de 700 menores de vuelta a Marruecos, después de que lograran acceder al país en mayo por la frontera de Ceuta, ha desatado fuertes críticas por parte de la formación morada que lo considera una vulneración del derecho internacional.
El Ministerio de Derechos Sociales ya ha hecho saber su malestar a Interior con una dura carta en la que cuestiona la decisión. El texto se remitió por vía interna a última hora del viernes y está firmado directamente por Ignacio Álvarez Peralta, la mano derecha de Ione Belarra, así como por la directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Violeta Assiego.
«Supondrían un incumplimiento de los derechos de las niñas y niños extranjeros en España, algo muy grave en el marco de nuestra legislación y de nuestros compromisos internacionales en materia de derechos de infancia», reza la carta, según ha publicado El Confidencial.
El bloque de Unidas Podemos responsabiliza en el mensaje directamente al ministro Fernando Grande-Marlaska de la repatriación de los menores, evitando cualquier responsabilidad sobre este movimiento migratorio acordado con Rabat. Una brecha en política migratoria que ya viene de lejos, desde que comenzaron a arribar inmigrantes a las costas de Canarias.
«Nos vemos en la necesidad de dejar constancia de que toda la responsabilidad de las actuaciones llevadas a cabo por la Delegación de Gobierno de Ceuta y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la repatriación de estos niños y niñas desde la ciudad de Ceuta al Reino de Marruecos es única y exclusivamente del Ministerio del Interior».
Podemos acusa al PSOE de vulnerar el derecho internacional con la repatriación
En la misiva, Unidas Podemos acusa a sus socios en la coalición de haber vulnerado una batería de leyes para orquestar la salida de los menores, como el artículo 24.2 de la Carta Derechos Fundamentales de la Unión Europea que reconoce el «interés superior del niño» como consideración primordial.
El Ministerio de Derechos Sociales también cita la directiva acordada en 2008 por el Parlamento Europeo para establecer las normas comunes entre los países miembros para la devolución de personas en situación irregular, en la que de nuevo se pone el foco en los derechos de la infancia.
«Antes de expulsar del territorio de un Estado miembro a un menor no acompañado, las autoridades de ese Estado miembro se cerciorarán de que será entregado a un miembro de su familia, a un tutor designado o a unos servicios de acogida adecuados en el Estado de retorno», expone el artículo 10 de la directiva.
Unidas Podemos completa sus argumentos legales con algunas normativas españolas como la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros o los acuerdos bilaterales establecidos con Marruecos que establece las medidas de protección necesarias para los menores no acompañados.
«La operativa parece estar realizándose sin la observancia estricta de la legislación española, de las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño», expresa la carta.
Unidas Podemos se alinea con las organizaciones sociales
El movimiento de Ione Belarra de cuestionar la devolución de los menores le permite alinearse del lado de organizaciones sociales como Save The Children, Unicef, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) e incluso el Defensor del Pueblo que ya se han posicionado públicamente contra la devolución masiva a Marruecos.
La Fiscalía General del Estado ya ha decidido abrir diligencias de investigación para determinar si las condiciones en las que se está produciendo la repatriación cumplen con la normativa vigente. Desde el Gobierno no se les había informado previamente sobre la operación.
