Banalizar el golpismo para garantizar audiencia

Sobrevivimos en una marea tan persistente que acaba por convencernos de la normalidad de coexistir con un maremoto. Cien días desde la jornada electoral del 21-D.

El punto de partida fue la falta de coraje de Carles Puigdemont para disolver el Parlament desde el Estatuto de Autonomía. Confesó que eso es lo que quería y tenía que hacer, pero cedió ante las acusaciones de traición de quienes él había situado en la ensoñación de la independencia posible e irrenunciable. Puigdemont fue devorado por sus hijos.

Si se hubiera atrevido a convocar elecciones, probablemente las habría ganado y habría vuelto a ser investido, legalmente, con todos los derechos. En vez de estar en una cárcel alemana estaría ocupando el Palau de la Generalitat. Pero habría destruido el falso relato de legitimidad de un independentismo irredento.

El Estado salió en defensa de la Constitución y aplicó el artículo 155 convocado elecciones en ese mismo acto.

Quienes propiciaron la intervención del Estado denuncian como injustificable que este se defienda utilizando la Constitución. Convocan un frente en defensa de la democracia los que han vulnerado constantemente la ley, que es el más grave ataque a la democracia, cuando el frente habría haberlo constituido contra los golpistas.

Falso arrepentimiento para evitar responsabilidades penales

La mentira se instala como tecnología política sustentada en un nacional populismo que actúa con la fe del carbonero. La protesta se sustenta en la ignorancia de los hechos probados.

Conviene recordar lo sucedido para no perder el rumbo en el oleaje de este maremoto.

La Justicia ha puesto en marcha su maquinaria que ha conducido a mas una quincena de líderes del secesionismo a procesamiento. Unos huidos, otros en prisión preventiva. Un acto que ha puesto en evidencia la falta de épica en el relato. Han intentado evitar la prisión con promesas falsas de acatamiento y la pretensión de que todo lo ocurrido era inocentemente retórico. Falso arrepentimiento para evitar responsabilidades penales.

El Parlament exige libertad e impunidad para el ex president y Roger Torrent niega legitimidad a la Justicia para actuar contra Puigdemont.

Curioso esto del President del Parlament que actúa como iluminado director del procés. Solo en una cosa reconoce Torrent la existencia de la ley al constatar que hay una línea roja que le conduciría ante los tribunales. Otra vez épica de salón.

Estamos abducidos por un desafío que se ha convertido en espectáculo

Niegan la existencia de violencia en el procés, pero se niegan a suscribir una condena por los actos violentos que se producen cada día.

¿En qué país democrático un juez del Tribunal Supremo sufre acoso y amenazas públicas por ejercer su función?

Las laxitudes de los independentistas les permiten sostener dos realidades paralelas: un president «legítimo» huido –ellos consideran en el exilio– y otro pendiente de que los dos partidos independentistas y otro antisistema se pongan de acuerdo en un candidato posible.

Los españoles llevamos abducidos por un desafío que se ha convertido en espectáculo. Los televidentes se colocan ante el rompeolas de este maremoto para que algunas cadenas celebren sesión cotidiana de agitación desde una pretendida neutralidad o equidistancia.

Sesudos analistas y frikis del independentismo toman posiciones para garantizar el espectáculo construido sobre una democracia amenazada. Lo único que importa es generar espectáculo para garantizar audiencia.

Puro negocio. Pura banalización de un golpe de estado a la democracia.

La equidistancia es un requisito imprescindible para que el espectáculo continúe

El espectáculo está organizado en la exigencia primigenia de una realidad inventada y sostenida sobre dos patas.

Primera: la solución debe ser política y los constitucionalistas la están judicializando porque son incapaces de poner en marcha una negociación que satisfaga las aspiraciones de los catalanes secesionistas. Nadie se atreve a concretar la receta.

Segunda: la supuesta imparcialidad y equidistancia son los requisitos imprescindibles para que el espectáculo continúe. Si se redujera el problema a la realidad, determinando que se trata de la respuesta legitima del estado a un desafío antidemocrático y delictivo, se acabaría el juego porque tendrían que reconocer que cualquier país democrático se defendería del mismo modo que el estado español con leyes perfectamente homologables con nuestro ordenamiento.

La única forma de garantizar la continuidad del espectáculo y la audiencia es permitir que se siembren dudas sobre la independencia de la Justicia, el carácter democrático de nuestro estado de derecho y se potencie cualquier dato, comprobado o no, que permita negar la legitimidad de las medidas adoptadas.

Cada vez hay más información sobre las tramas de noticias falsas y de operaciones encubiertas en internet para extender la crisis. Sin embargo, solamente algunos contados medios de comunicación se hacen eco de esa realidad. Los datos sobre las trampas del procés hay que administrarlos con tacañería porque podrían llegar a desbaratar del todo él relato independentista que pondría fin al espectáculo y a la audiencia.

El circo ya tiene fecha de caducidad

Afortunadamente, el reloj ha tomado el mando. Si el día 22 de mayo no hay president se convocaran elecciones. El circo tiene ahora fecha de caducidad.

La sociedad liquida tiene que alimentar las redes sociales y los medios de comunicación y cada clic en una página web o la audiencia de un programa son dinero líquido. La responsabilidad social del periodista y de los editores son antiguallas del pasado.

La banalización del golpismo tampoco pasa factura. Al menos de momento.