Ayuso recurrirá el ‘impuesto de solidaridad’ del Gobierno ante el Tribunal Constitucional

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado que el Gobierno regional recurrirá ante el Tribunal Constitucional el ‘impuesto de solidaridad’ del Ejecutivo central cuando lo presenten.

«Lo redacten como lo redacten este impuesto directamente va a atacar a la autonomía fiscal de la Comunidad teniendo en cuenta que lo que intenta es volver a instalar el pago de un impuesto que nosotros dentro de nuestra autonomía hemos retirado», ha indicado en declaraciones a los periodistas.

Ayuso ha señalado que el Ministerio de Hacienda tendrá que redactarlo «francamente bien» porque estarán encima de ellos. A partir de ahí, la Comunidad de Madrid tendrá un plazo de tres meses para presentarlo.

El impuesto, una «broma de mal gusto»

En todo caso, la dirigente regional ha subrayado que este impuesto «no es de solidaridad». «Es una broma de mal gusto», ha destacado para luego concretar: «Solidaridad sería bajarse los sueldos y reducir ministerios, cosa que no ha hecho este Gobierno». Y ha remachado: «Eso sería solidaridad y no señalar a los ciudadanos que tienen patrimonio», ha lanzado.

Para la jefa del Ejecutivo madrileño, en España «no sobra nadie» y prefiere que los grandes patrimonios «se queden» entre otras cosas para «mover la economía y ayudar a los más vulnerables» que es donde hay que centrarse ahora.

Por su parte, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, ha advertido que, de salir adelante, más de 13.000 personas podrían irse a otros países que no tienen este impuesto y en la Comunidad podría suponer la pérdida de 5.000 millones de recaudación por IRPF e IVA, el 88% del presupuesto destinado a Educación o el 60% del de Sanidad.

Expulsión de patrimonio a otros países

La presentación de este recurso de inconstitucionalidad ha sido abordado este martes durante la reunión del Consejo de Gobierno al considerar que se trata de la creación de un impuesto «muy negativo» para la Comunidad de Madrid que conllevaría la expulsión de patrimonio de la región hacia otros países tal y como pasó, ha advertido, en Francia.

Según ha alegado, a falta de ver cómo se plasmaría su creación, ha subrayado que lo más probable es que el Ejecutivo de Sánchez lo impulse vía «ley ordinaria», algo que chocaría con la Ley de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA).

En concreto, en su artículo 19 establece que «en caso de tributos cedidos, cada Comunidad Autónoma podrá asumir, en los términos que establezca la ley que regule la cesión de tributos, las siguientes competencias normativas en el Impuesto sobre el Patrimonio, la determinación de mínimo exento y tarifa, deducciones y bonificaciones».