Ayuso quiere bajar los impuestos energéticos y eliminar las primas a las renovables

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid ha enviado una carta al Ministerio para la Transición Ecológica detallando catorce propuestas para el Plan de Contingencia energético que España deberá presentar a la Comisión Europea en septiembre.

Entre las medidas, que van orientadas a «reducir el consumo de gas, disminuir nuestra dependencia del gas y a rebajar el precio de la luz», destacan las de bajar aún más los impuestos energéticos y eliminar las primas a las renovables.

En concreto, la Comunidad de Madrid propone sustituir «los ocho impuestos estatales» que gravan actualmente la producción de energía por un impuesto que «internalice daños ambientales». Además de reducir las subvenciones «que nada tienen que ver con la generación de electricidad, como las garantías de potencia o las primas a las renovables».

Propuestas que, según detalla en el escrito la Comunidad de Madrid, no son nuevas: «algunas ya se las propusimos el pasado 8 de julio a través de una carta de la que todavía no hemos recibido ningún tipo de contestación (…) medidas que le reiteré en reuniones posteriores de 28 de julio y 8 de agosto con idéntico resultado».

Reducción de la dependencia energética con nucleares y renovables

El ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso también pide revisar el mecanismo del tope al gas, porque considera que «sus efectos perversos han hecho que haya aumentado el consumo de gas para generar electricidad». Gas que España debe comprar a otros países, lo cual contribuye, según la Comunidad de Madrid, a que «continuemos pagando la factura más cara de nuestra historia».

Otra de las líneas principales de las propuestas se asienta en la energía nuclear y la reducción de la dependencia del gas. Para ello, la Comunidad de Madrid sugiere revisar el calendario de la vida útil de nuestras centrales y configurar un mix energético «con fuerte penetración de las energías renovables» y una «correcta proporción de energía nuclear como fuente de respaldo».

Respecto a las energías renovables, detallan el necesario impulso a la fotovoltaica, con comunidades energéticas y autoconsumo agregado; el aprovechamiento de residuos para generar biogás y el hidrógeno verde. Todo ello acompañado de nuevos marcos normativos que «faciliten la inversión en la repotenciación de instalaciones renovables, la cogeneración de alta eficiencia, el bombeo reversible, y los gases renovables como el hidrógeno».

Medidas de ahorro voluntarias

A pesar de las propuestas, la carta no está exenta de crítica. La consejera madrileña de Medio Ambiente, Paloma Martín, afea al ministerio de Teresa Ribera que no haya compartido «ni un solo documento» con la administración regional, por lo que, asegura, desconocen «las medidas sobre las que trabaja» el ministerio.

«Tan solo conocemos el contenido del RD-ley en el que se imponen medidas al comercio, teatros, cines, bares y cafeterías, a diferencia de lo que se propone desde Bruselas, que son recomendaciones -no imposiciones-, para el sector privado», ha criticado. Por ello, otra de las propuestas es que las medidas de ahorro dirigidas al sector privado sean recomendaciones, no «imposiciones que lastran la economía».

La comunidad considera que no procede que el Gobierno de España imponga obligaciones al sector privado si el compromiso de reducción de la demanda del gas natural comprometido con la Comisión Europea (del 7%) es voluntario.

Suspensión temporal del impuesto al CO2 y otras medidas

Otras medidas propuestas por la comunidad son la activación de un Plan Renove de calderas para renovar las antiguas calderas de gas natural por calderas de condensación, aprovechando los fondos Next Generation y el «apoyo a empresas» que hacen cogeneración usando gas para recuperar el calor de los procesos industriales.

Las sugerencias también inciden en el ámbito más medioambiental, proponiendo modificar la Ley de Cambio Climático para «permitir la explotación de materias primas imprescindibles en la transición energética» y solicitar a Bruselas una «suspensión temporal» del impuesto al CO2, demás de «cambios en el sistema de fijación de precios de la luz».

Por último, incluyen en su batería la necesidad de reforzar las interconexiones eléctricas y gasistas con Europa y cargar a los PGE «el 100% de los sobrecostes de los sistemas eléctricos insulares, Ceuta y Melilla, así como el déficit de tarifa».