Ayuso estudia con los servicios jurídicos recurrir el plan del Gobierno

Vuelven los desencuentros entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Sanidad. En esta ocasión, además, otras comunidades también han alzado la voz contra las imposiciones de Carolina Darias en el Consejo Interterritorial de Salud para endurecer las restricciones a la hostelería, bares y el ocio nocturno.

Hasta seis comunidades votaron en contra de las medidas presentadas por la ministra y algunos territorios ya han dejado claro este jueves que no obedecerán la propuesta del Gobierno. Madrid lidera la respuesta. Según ha podido saber Economía Digital, la presidenta regional se ha reunido con los servicios jurídicos de la Comunidad para estudiar el caso y, si procede, recurrir el plan de Sanidad.

Desde el área de sanidad madrileña apuntan a que Darias dio menos de 24 horas a las comunidades autónomas para aprobar las nuevas restricciones a la hostelería y consejeros de distintos territorios apuntan a que el Gobierno les envió el documento con sus planes media hora antes de celebrarse el cónclave de Sanidad.

«No teníamos nadie ni idea de lo que se iba a proponer. No ha habido reuniones con Sanidad los días previos y no están cumpliendo la parte de la cogobernanza entre Gobierno y comunidades», denuncian desde la consejería de sanidad madrileña.

Un posible «vacío legal»

Lo cierto es que Ayuso estudia si podría existir un «vacío legal» para poder recurrir la orden de Sanidad. Fuentes conocedoras explican a ED que el Gobierno tiene un informe del Consejo de Estado donde asegura que las decisiones aprobadas en el seno del Consejo Interterritorial de Salud «son de obligado cumplimiento» y en esto se escuda Darias para hacer cumplir las nuevas restricciones.

Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid estarían estudiando ese posible vacío consistente en que las decisiones tomadas en el seno del Consejo Interterritorial de Salud son de obligado cumplimiento, y aquí recalcan, «siempre y cuando sean aprobadas por unanimidad».

Se da el caso que hasta 6 comunidades rechazaron la orden de Sanidad. Madrid, Cataluña, Galicia, Andalucía, País Vasco y Murcia rechazaron la propuesta; Castilla La Mancha y Melilla se abstuvieron y el resto votó a favor (11 comunidades). Fuentes presenciales destacan que Cataluña propuso posponer la votación ante el aluvión de críticas que se generó. Pero Darias no escuchó y decidió que la votación se efectuase.

Desde el entorno de Ayuso insisten en que no aplicarán la medida impuesta desde el Gobierno. Fuentes del Gobierno consultadas también inciden en que «tiene que haber un consenso máximo para adoptarse acuerdos». Pero desde Sanidad echan balones fuera asegurando que «todas las decisiones aprobadas son de obligado cumplimiento».

El encargado del área de salud del gobierno madrileño, Enrique Ruiz Escudero dice no entender estas diferencias, recordando que «cuando decae el Estado de Alarma y nos dejan a las CCAA la responsabilidad de la toma de decisiones sobre qué medidas queríamos tomar para contener la pandemia, nosotros tuvimos que pedir la ratificación a los tribunales superiores de justicia de cada CCAA de esas medidas«.

Añade, en ese sentido, que «no solo no nos dieron el paraguas legislativo y jurídico para tomar estas decisiones, si no que además tuvimos que pedir la ratificación por la justicia».

Sobre las medidas del Consejo Interterritorial, Ruiz Escudero ha hablado largo y tendido, comentando que «para nosotros sería un retroceso importantísimo porque sería suspender ahora mismo la actividad en interior de hostelería, reducir los aforos en lugares de culto, bodas y centros comerciales, y hacer un cierre perimetral en Madrid que siempre ha favorecido el aumento de los contagios en nuestra región…».

Según sus palabras, «esta serie de medidas van absolutamente en contra de las decisiones que se han tomado desde el Gobierno de la Comunidad y la Consejería de Sanidad que ahora mismo nos están permitiendo tener un descenso importante en cuanto a la incidencia y a los hospitalizados y sobre todo en una situación de control«.

Escudero criticó estas medidas por su falta de sentido, afirmando que «es algo tan elemental y técnicamente de tal pobreza, porque se están utilizando unos criterios de septiembre del año pasado, que no cuentan algo que es esencial como el número de inmunizados«.

El comportamiento de la incidencia acumulada «no es el mismo si el número de huéspedes donde puede hospedarse el virus es menor«, añadió Escudero, que sentenció de forma contundente: «Es algo tan elemental y tan sencillo…Desde el punto de vista jurídico es muy difícil de entender, pero desde el técnico es casi sonrojante lo que ayer aprobó una parte del Consejo Interterritorial».

El consejero de Sanidad destaca, además, que seis comunidades votaron en contra: «Es casi el 60% de la población de España, por lo que hace aún más rocambolesca esta decisión», zanjó. El Gobierno autonómico se mantiene a la espera de que los servicios jurídicos les comuniquen si se puede llevar al Gobierno ante la Justicia o no. «Quizás ello anime a más comunidades a plantar cara a las incongruencias del Gobierno», señalan desde el entorno de Ayuso.