Ayuso recurrirá al Constitucional el impuesto a las grandes de fortunas antes de febrero
La presidenta ha asegurado que este impuesto invade competencias autonómicas en materia fiscal, genera inseguridad jurídico y vulnera la lealtad institucional
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE/ Rodrigo Jimenez
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recurrirá antes de finalizar enero ante el Tribunal Constitucional (TC) el impuesto temporal de solidaridad del Ejecutivo a las grandes fortunas y solicitará su suspensión cautelar «en defensa de la economía española y madrileña» frente a «imposiciones ideológicas y fiscales».
En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, celebrado de manera extraordinaria en Alcobendas, Ayuso ha avanzado este recurso porque considera que el Gobierno invade competencias autonómicas en materia fiscal, genera inseguridad jurídica y vulnera la lealtad institucional.
«Castiga» a los ciudadanos
Según la presidenta madrileña, al aplicarse retroactivamente para 2022, este impuesto, que tendrá una duración temporal de dos años a las fortunas de más de 3 millones de euros, «castiga» a los ciudadanos que no contaban con esta carga fiscal para este ejercicio y atenta contra la gestión financiera de las comunidades autónomas.
El Gobierno espera recaudar 1.5000 millones
El impuesto a las grandes fortunas, anunciado por el Gobierno en el marco de los Presupuestos de 2023, tendrá carácter temporal -ya que estará en vigor en 2023 y 2024-, será deducible del impuesto de patrimonio y tendrá tres tramos que gravarán los patrimonios a partir de 3 millones de euros.
La medida afectará a los contribuyentes que posean más de tres millones de euros de patrimonio. Aquellos que tengan entre tres y cinco millones tributarán al 1,7%. Los que dispongan de entre cinco y diez millones de euros, lo harán al 2,1%. Para los patrimonios superiores, el tipo será del 3,5%.
El Ministerio de Hacienda calcula que el potencial recaudatorio de este impuesto serán 1.500 millones de euros. Sin embargo, esta cuantía podría ser menor, ya que esto es lo que Hacienda cree que se recaudaría si el resto de comunidades autónomas eliminasen sus impuestos sobre el Patrimonio.
De esta manera, el impacto real de este tributo será menor al estimado mientras no se produzcan nuevos anuncios en relación a la bonificación de este tributo que gravará los patrimonios a partir de los tres millones de euros y que mantendrá la exención de 300.000 euros por vivienda y el resto de bonificaciones del impuesto.
