Ayuso acusa a Sánchez de "arruinar" Madrid con el impuesto a grandes fortunas: cifra la pérdida en 5.000 millones

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves al Gobierno central de querer «arruinar» Madrid con el impuesto temporal a las grandes fortunas de más de tres millones de euros.

«Nosotros ya hemos calculado que solamente la expulsión de parte del patrimonio sería una pérdida de 5.000 millones de euros para los madrileños», ha explicado la presidenta madrileña en el Pleno de la Asamblea de Madrid, durante la sesión de control.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado esta ley «para ir contra el patrimonio de la Comunidad de Madrid», escondiéndolo en una enmienda para que «nadie se entere». En este sentido, ha arremetido contra el presidente del Gobierno y ha asegurado que «pretenden arruinar a Madrid para que no llegue la inversión».

Tacha de farsante el impuesto a la solidaridad

Ayuso también ha tachado de farsante el también conocido como impuesto a la solidaridad, señalando que el Gobierno de Sánchez «es literalmente rico a costa de la inflación, de los impuestos, de los ciudadanos, del empobrecimiento masivo de las familias españolas».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en el pleno de la Asamblea de Madrid. EFE/ Daniel González

Por ello, considera que «no le hacía falta aceptar ese golpe a la economía madrileña. Tiene tanto dinero que no hace falta recaudar de Madrid. Pone un impuesto que llaman de solidaridad, que es una farsa en si el propio nombre, para fastidiar y para arremeter contra la economía de Madrid».

Madrid llevará al TC el impuesto

La semana pasada el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, anunció que el Gobierno madrileño recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) el impuesto temporal a las grandes fortunas por invadir las competencias autonómicas, así como por ir en contra el «ahorro y la inversión».

Para el Gobierno madrileño es un «atropello democrático» porque no se puede «imponer» un tributo en una enmienda en un proyecto de ley para crear «gravámenes extraordinarios».