La Audiencia carga contra la Guardia Civil por el 1-O
La Audiencia de Barcelona censura la actuación de la Guardia Civil en el referéndum del 1-O porque sus mandos sabían que no tenía consecuencias jurídicas
La Audiencia de Barcelona censura la actuación de la Guardia Civil durante el referéndum independentista del 1 de octubre (1-O) de 2017. Los magistrados de la sección quinta de esta audiencia consideran que habría sido preferible que los agentes permitieran las votaciones porque no tenían ninguna consecuencia jurídica. Y recalcan que los mandos de la Guardia Civil eran conscientes de ello.
En un auto sobre la actuación de la Guardia Civil durante el 1-O en un colegio electoral de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), la sección quinta de la Audiencia de Barcelona considera los agentes “incurrieron en excesos”. Un juzgado de Manresa instruye un sumario contra un grupo de agentes de la benemérita que intentaron impedir la votación. En esta acción se registraron catorce heridos.
En el auto se indica que los agentes “golpearon a ciudadanos sin finalidad aparente”. También apunta que la falta de “proporcionalidad” daña la imagen de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
La Audiencia de Barcelona autoriza al juzgado de Manresa a identificar a los agentes. Curiosamente, esta actuación se produjo en Sant Joan de Vilatorrada, donde se encuentra la cárcel de Lledoners donde están presos Oriol Junqueras y el resto de dirigentes independentistas que promovieron el 1-O.
Una votación sin consecuencias jurídicas
Los magistrados argumentan que era preferible que hubieran dejado que se celebrase la votación porque su resultado “no hubiera tenido las consecuencias jurídicas pretendidas por los organizadores, por ser antijurídica de acuerdo con el ordenamiento constitucional español”. Añaden que esto “era sabido por la fuerza actuante”.
Recuerdan que en otras localidades catalanas, en las que no se impidió la votación, los ciudadanos acudieron a los colegios electorales sin que ello tuviera ninguna repercusión jurídica. Estaba clara la ilegalidad del referéndum, tal como advirtió el Tribunal Constitucional.
La sección quinta censura a los mandos de la Guardia Civil que ordenaron cargar contra votantes. Señalan que era “altamente probable” que se produjeran lesiones.
Uno de los tres magistrados del tribunal emitió un voto particular para desmarcarse del contenido del auto. Uno de los dos magistrados que lo avalan es José María Assalit, que en 2014 se pronunció a favor del derecho a decidir.
