Mémora, acusada de pagar comisiones por contratos de exclusividad

¿Hay funerarias que pagan supuestas comisiones a geriátricos y hospitales para tener la exclusividad en la retirada de los cadáveres? Aurelio Sánchez, presidente de la asociación de pequeñas funerarias Esfune, mantiene que Serveis Funeraris de Barcelona (SFB), controlada por Mémora, ha pagado supuestas comisiones a 301 centros sanitarios y sociosanitarios de Barcelona.

En una instancia presentada ante el Ayuntamiento de Barcelona en septiembre de 2017, Esfune incluyó una relación de 301 centros, en su mayor parte geriátricos de esta ciudad, que presuntamente recibieron compensaciones por parte de SFB a cambio de que esta funeraria tuviera preferencia en la retirada de los cadáveres.

Esfune indicó en la instancia que un extrabajador de Mémora les entregó el listado bajo la condición de mantener el anonimato. La asociación de Aurelio Sánchez apunta a presuntos pagos a geriátricos y hospitales que irían desde los 400 euros en el caso de que el difunto tenga póliza de seguro de decesos hasta los 800 si no la tiene.

En algunas ocasiones, la funeraria aportaría el médico que firma los certificados de defunción. Este documento es indispensable para la inscripción en el Registro Civil y para obtener la licencia que firma el juez. Sin esta licencia, la funeraria no puede trasladar el cuerpo a su destino final, ya sea al cementerio o al crematorio.

Incluso, Esfune estimó que estos supuestos “contratos de exclusividad” significan para las familias de los difuntos un “sobrecoste” de 7,3 millones de euros anuales en la ciudad de Barcelona. Calculó el importe a partir de las 16.000 defunciones de media de los últimos años, el 75% de las cuales se producen en hospitales y geriátricos a los que supuestamente se les aplicó un sobrecoste medio de 600 euros.

Concejal y consejero de la funeraria

Esfune dirigió la instancia al concejal Eloi Badia, responsable de los servicios funerarios de la ciudad. Precisamente, Badia es miembro del consejo de administración de SFB (con voz pero sin voto) en representación del Ayuntamiento de Barcelona, que controla el 15% de esta funeraria. El otro 85% está en manos de Mémora.

En el pleno del pasado febrero, el consistorio barcelonés aprobó subastar su participación del 15% en SFB. En el caso más que probable de que la subasta quede desierta, el paquete se adjudicará a Pompas Fúnebres Mediterráneas SL, perteneciente al grupo Mémora, que es titular de un derecho de adquisición preferente.

En la instancia dirigida a Badia, Aurelio Sánchez solicitó que se investigasen los hechos que denunció y, si se confirmaban, que se sancionara a SFB.

A preguntas de Economía Digital, fuentes de la concejalía de Badia indicaron que “atendieron” la instancia de Esfune: por una parte, la trasladaron al ámbito de consumo, con el argumento de que es la que tiene las competencias; y por otra, elaboraron en 2018 un “protocolo de buenas prácticas” en el sector funerario. Este protocolo está dirigido a los geriátricos y centros sanitarios. La instancia que se presentó al concejal Badia no tuvo más consecuencias.

Economía Digital se dirigió al director de comunicación y relaciones institucionales de Mémora para recabar la versión de la empresa sobre las denuncias de Esfune pero al cierre de esta información no se había recibido respuesta.

La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) también dispone de la relación de 301 geriátricos y hospitales. No se la entregó Esfune, sino la periodista Mireia Llinares, conductora del programa En el punto de mira, de Cuatro, que en 2018 emitió un reportaje sobre el negocio funerario. Las imágenes del programa recogen como la periodista entrega la relación al director general de la ACCO y, posteriormente, lo entra por registro.

Esfune denunció el año pasado ante la ACCO al Hospital Sant Joan de Deu, de Esplugues de Llobregat (Barcelona), y a la funeraria SFB por supuestas prácticas contrarias a la libre competencia. Concretamente, acusaron al mencionado centro de dificultar a los familiares de los difuntos la libre elección de funeraria.

En 2017, la asociación de Aurelio Sánchez interpuso otra denuncia por los mismos motivos contra el hospital público Josep Trueta, de Girona, y la funeraria de Mémora en esta ciudad.

Canal de denuncias

La ACCO ha impuesto elevadas sanciones a funerarias por actuaciones contrarias a la libre competencia pero ninguna en la ciudad de Barcelona. Fuentes de este organismo fiscalizador indican que, en la actualidad, están instruyendo expedientes sobre prácticas en el ámbito funerario de los que no aportan más detalles por confidencialidad.

Ante las polémicas mediáticas por los servicios funerarios durante la pandemia de covid-19, tanto la ACCO como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se han dirigido a las funerarias para que extremen las cautelas para respetar la competencia y no lesionar los derechos de familias, consumidores y usuarios.

Desde la ACCO se advierte que están haciendo un seguimiento de posibles malas prácticas en este contexto de “máxima demanda” de servicios funerarios. Por este motivo, abrieron un canal de colaboración ciudadana y de denuncia.