Así variaron ERC y Bildu la Ley de Vivienda: el Gobierno quería un texto «más conservador»

Todas las partes que han tenido implicación en la tramitación de la Ley de Vivienda describen el proceso en términos similares: un «parto». El acuerdo para la primera legislación en esta materia en 40 años de democracia se ha encontrado con distintas resistencias y una evolución de las posturas, principalmente del PSOE, partido principal del Gobierno de coalición, que, desde el primer momento, buscó un texto «más conservador», aseguran fuentes de la negociación a Economía Digital.

El texto empezó a gestarse en el Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos. Ahí, según fuentes de Podemos, la regulación del alquiler «era la bestia negra». Pero lo cierto es que con el paso de las semanas se han ido dando pasos en este sentido, que culminaron, al albur de las medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, con la «intervención masiva» del mercado con la limitación de la subida interanual al 2%. Los interlocutores han sido los grupos parlamentarios de EH Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y el PSOE y Podemos a través de sus carteras de Transportes y Derechos Sociales, respectivamente.

El escenario que se planteaba al inicio de la legislatura es muy distinto al actual, y por eso la ley de Vivienda también ha evolucionado. Fuentes de la negociación señalan a Economía Digital que, gracias a la pandemia, se han dado pasos, con reticencias, que parecían imposibles. El texto final ha variado del que parió el Consejo de Ministros cuando alumbró la legislación en primera vuelta: el proyecto de ley ya tardó en salir de Moncloa por diferencias entre los dos socios de Gobierno. Finalmente, el texto llegó al Congreso en febrero de 2022, pero no fue hasta un año después, en enero de 2023, cuando la Comisión de Transportes reactivara la tramitación parlamentaria. Hasta este viernes.

Una decena de cambios relevantes

Los principales cambios que se aprecian son una decena. Primero, el establecimiento de un tope máximo del 3% en la subida de todos los alquileres para 2024 y la creación de un nuevo índice de precios de referencia que no superará el IPC a partir de 2025. Después, que las comunidades autónomas podrán regular todos los alquileres en las áreas tensionadas, y se aplicará la contención de rentas tanto para pequeños propietarios como para grandes tenedores.

Otros son la ampliación de la limitación de precios referencia al sistema de índices de precios a grandes tenedores personas físicas, y no solo jurídicas, o el hecho de que para declarar un área tensionada basta con que se cumpla una de estas dos condiciones-que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30 % de la renta media de los hogares, o que el precio de compra o que el alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada- y no las dos a la vez, como en un inicio.

También la rebaja de diez a cinco el número de viviendas que debe tener un propietario en una misma zona tensionada para ser considerado ‘gran tenedor’, así como la posibilidad de aplicar los límites del índice de referencia de precios a las nuevas viviendas que no hayan estado alquiladas en los últimos cinco años. Otro cambio es la prórroga extraordinaria de un año por situaciones acreditadas de vulnerabilidad social o económica en los contratos de arrendamiento de vivienda.

La incorporación de medidas de protección contra los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional tampoco venía recogido en el texto inicial. Ahora, se aplicará un sistema de arbitraje que propicie el acuerdo entre arrendador y arrendatario. De no haber acuerdo, se concede el tiempo necesario para que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales y se habilita al juez a establecer plazos superiores. Y quizás la novedad más llamativa y tangible es que los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario, así como la eliminación del IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos.

Cambio de mayorías de Moncloa al Congreso

La explicación a estos cambios que otorgan las partes implicadas reside en que en el trámite parlamentario es cuando las fuerzas «de más izquierda» -esto es, Bildu, ERC y Podemos- «éramos mayoría», no como sucede en el Consejo de Ministros, donde la voz cantante es la del PSOE.

Pero las renuncias también han sido en este bloque y el PSOE ha ganado alguna batalla: los socios han tenido que tragar con los incentivos fiscales que propone la nueva Ley de Vivienda, el hecho de que los alquileres se topen desde 2025 con un índice siempre inferior al IPC, cuando querían dejarlo en un 3% máximo, y la regulación en torno al pequeño propietario, que finalmente sólo se queda en una congelación.