Así consiguió Seprotec el monopolio de las traducciones judiciales en Cataluña

No tiene rivales ni competidores. Seprotec presta en exclusiva el servicio de interpretación y traducción en los juzgados y fiscalías catalanas desde hace años. Después de analizar los contratos adjudicados por el departamento de Justicia de la Generalitat entre 2004 y 2012, la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) llega a la conclusión que «la concurrencia y variedad de adjudicatarios» en este período de nueve años «se ha reducido drásticamente» hasta quedar una única empresa, Seprotec, que presta el servicio «en exclusiva».

En un informe fechado en 2014 al que ha tenido acceso Economía Digital, la OAC precisa que se pasó de cinco empresas que presentaron oferta en el concurso de 2004, de las cuales cuatro resultaron adjudicatarias, a solo dos en el concurso de 2012, en el que Seprotec se impuso en todos los lotes. Esta empresa concentró el 78% del importe total destinado a traducciones judiciales en este período de nueve años, durante los cuales se subscribieron cinco contratos: cuatro mediante procedimiento abierto y otro negociado.

Ahora se lleva el 100% del pastel

En el último concurso, adjudicado en mayo de este año, Seprotec se volvió a comer en solitario todo el pastel de las traducciones judiciales. El importe supera los 2,5 millones de euros (2.083.000 euros de base y 437.000 euros de IVA) por un período de un año. Fuentes del departamento de Justicia confirman que Seprotec fue la única empresa que se presentó.

Al tratarse de un informe de 2014, firmado por Daniel de Alfonso, revocado la semana pasada como director de Antifraude, no se analizan las contrataciones que se han adjudicado con posterioridad. No obstante, el informe subraya que las licitaciones y adjudicaciones de los contratos de traducción, especialmente los del año 2008 y 2009, cuando arrasó Seprotec, «no han estado en absoluto pacíficos».

En este sentido, la OAC recuerda que se incoaron diversos recursos administrativos, dos procedimientos jurisdiccionales contencioso administrativos e, incluso, un procedimiento penal.

Sentencias demoledoras de los juzgados catalanes

Respecto a los contenciosos administrativos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado dos sentencias: en la primera, fechada el 23 de diciembre de 2010, anuló el pliego de cláusulas administrativas del contrato de 2008; y en la segunda, de 6 de marzo de 2013, estimo que la Generalitat debía «incoar un procedimiento de prohibición de contratar contra Seprotec con motivo de la gravedad de las falsedades en la oferta presentada» en aquella licitación, según recoge el informe de la Oficina Antifraude de Cataluña.

El Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán), institución que preside Rafael Ribó, también manifestó su preocupación por la supuesta falta de control del departamento de Justicia en relación con los datos expuestos por Seprotec en sus ofertas. La OAC advierte en su informe que, presuntamente, Seprotec hinchó el número de traductores jurados y el catálogo de idiomas, que incluían 523 lenguas, algunas extintas o con escasísimos hablantes.

No obstante, fuentes del departamento de Justicia de la Generalitat destacan que están muy satisfechos con Seprotec. De los más de 30.000 servicios que Seprotec presta anualmente en los juzgados catalanes, en 2014 se recibieron quejas sobre el 0,03%, que equivalen a una decena, y en 2015, del 0,07%, poco más de una veintena. La mayoría de las quejas era por llegar tarde a las vistas.