Artur Mas pone la lupa a Joaquim Triadú

El revés judicial que recibió el primer expediente de regulación de empleo (ERE) del Govern de Artur Mas ha tensado la relación del Ejecutivo convergente con Joaquim Triadú, quien precisamente entró en PriceWaterhouseCoopers (PwC) al hacer valer su proximidad con la actual cúpula de CiU. Fuentes cercanas al President explican que Mas incluso se ha replanteado la idoneidad de dejar en manos del ex consejero de Presidència del último Ejecutivo de Jordi Pujol el ajuste de personal en las empresas de la Administración.

Triadú se encarga del área del sector público en PwC, departamento que dibuja una nueva arquitectura legal para poder reducir el número de trabajadores de las empresas públicas. La federación nacionalista vigila que no se filtre ninguna información que dé pistas a los letrados de los sindicatos. Ha prohibido a PwC hablar con nadie sobre el estado del nuevo expediente y, en este caso, también ha blindado a la cúpula de Institut Català del Sòl (Incasòl), la primer empresa pública en aplicar una regulación.

“Los únicos autorizados en comentar cuestiones relacionadas con el ERE son los responsables de la Conselleria d’Empresa i Ocupació”, afirman los portavoces del instituto. A su vez, desde el departamento encabezado por Francesc Xavier Mena señalan que su papel se limita a pronunciarse sobre la regulación cuando reciben el documento.

Las mismas fuentes aseguran que el nuevo ERE se presentará a lo largo del primer trimestre y que será la prueba de fuego para Triadú y PwC.

Base legal

A finales de diciembre, el Juzgado de lo Social número 12 de Barcelona echó por tierra la base legal del documento con el que la Generalitat despidió el 22 de marzo de 2011 a 19 trabajadores del Incasòl. El magistrado dictaminó que una empresa pública no puede despedir a sus empleados por motivos económicos porque no está sujeta a los vaivenes del mercado y les obligó a readmitirlos en la misma fecha e indemnizarlos. Asimismo, reprendió al instituto por corregir la deuda de la compañía sólo a través de un recorte de personal sin otras medidas menos traumáticas.

UGT calcula que la Generalitat invirtió unos 18 millones de euros en despedir más de 1.400 empleados de las corporaciones dependientes con EREs parecidos al de Incasòl y que pueden terminar con una readmisión. Una cifra que el Govern catalán ni corrobora ni desmiente.