Mas y Homs acaparan el millón de euros de la Caja de Solidaridad

La Caja de Solidaridad abonó este miércoles 1.055.000 euros ante el Tribunal de Cuentas para pagar los intereses que el organismo reclama por el 9N. Toda una jugada maestra para el expresidente Artur Mas y el exconsejero Francesc Homs.

Ambos han recuperado las propiedades que tenían embargadas por este proceso y sus abogados esgrimen que, de esta manera, podrán tener esos bienes a disposición para la causa actual abierta en el mismo tribunal por el Diplocat.

El propio Mas se refirió este miércoles al movimiento de la Caja de Resistencia y apuntó: «Gracias a ello, algunos de nosotros liberaremos los pisos que tenían embargados y los volveremos a poner en la nueva causa».

Sin embargo y según ha podido saber Economía Digital, Mas y Homs han sido dos de los 30 ex altos cargos del Govern que se han acogido al mecanismo ideado por la Generalitat y que representa el ICF como avalista para sus fianzas.

De esta manera y si el tribunal acepta la vía del ICF, la recaudación del millón de euros por el independentismo para la Caja de Solidaridad habría ido a parar para recuperar los inmuebles de Mas en Barcelona y de Homs en Taradell (Barcelona).

Un movimiento que ha despertado recelo en ERC, ya que tanto Junts como los republicanos solicitaron fondos a sus afiliados para sufragar la fianza de 5,4 millones que actualmente reclama el Tribunal de Cuentas por, presuntamente, utilizar fondos del Govern y promocionar el 1-0 en el exterior.

Siguen pidiendo dinero «en previsión de nuevos embargos»

La Caja de Solidaridad sigue solicitando más dinero para, ahora sí, ayudar con este proceso, en caso de que el tribunal no convalide el ICF y, por tanto, los diez millones aportados por la Generalitat, dinero público, para rescatar a los líderes del procés.

En un comunicado, la entidad también reclama el dinero «en previsión de nuevos embargos, y las de cientos de personas encausadas en varios juzgados en Cataluña». Es decir, en previsión del ‘lo volveremos a hacer’ que tanto repiten al Gobierno de Pedro Sánchez, mientras Moncloa prepara el diálogo con el independentismo.

Asimismo, la caja de solidaridad sigue reclamando que el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona que «devuelva los cerca de cuatro millones» que se tuvieron que depositar en relación con los gastos del referéndum del 1-O.

Éstos recuerdan que ya se consignaron los mismos hechos al Tribunal de Cuentas. La entidad considera que es totalmente desproporcionado en una medida cautelar hacer consignar cantidades duplicadas por unos mismos conceptos.

Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas por ED sentencian que no se trata de una duplicidad y aclaran que «son procedimientos distintos, uno por la vía administrativa y el otro por la vía penal», siendo el concepto distinto en cada uno de ellos.